Días atrás se clausuró el Eco Parque que Passaglia insiste en explotar a costa del humedal y de los bienes públicos para convertirlos en privados.  Hay ejemplos claros de emprendimientos y explotación privada en la ciudad que se llevaron a cabo en tierras fiscales y todavía esperamos que la provincia se expida sobre la situación. Mientras tanto la riqueza de la explotación nunca llega a los ciudadanos comunes que muchas veces realizamos malabares para cumplir con todas las obligaciones que tenemos como pagar las tasas, por ejemplo, explicaba un vecino de la ciudad indignado.  

La Clausura que enviados por la Corte Suprema Bonaerense dispusieron hace apenas 48hs hacía imposible que hoy las plauyas y todo el Eco Parque estuviera abierto al público, sin embargo hay playa, fiesta y bares abiertos; y lo menos pensado,  que los autos cruzaran el puente que  lleva a las playas. 

El intendente incumple, la Directora de gobierno incumple, no les importa obedecer ni cumplir.  Hoy las playas clausuradas están abiertas

“El incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional y la negación misma del Estado de Derecho, que exige el pleno sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico, a la vez que socava la legitimidad del poder administrador para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos”.

Te puede interesar: https://diariolaverdad.com.ar/nota/7213/san-nicolas-clausura-del-eco-parque/

Acá no ha pasado nada o ¿actuará la Corte con el peso de la ley? Se lo investigará acaso al intendente incumplidor serial por no acatar ninguna orden emanada de dicha Corte, por el presunto delito de desobediencia? o todo seguirá igual: los ciudadanos cumpliendo y los funcionarios desoyendo y dejando en ridiculo a la Corte? ¿que hay del supuesto y tan necesario ordenamiento jurídico?

Seguí leyendo. Cuáles pueden ser las consecuencias y algún precedente:

Multaron a funcionarios bonaerenses por incumplir una orden judicial (fuente: Centro de información judicial)

Lo dispuso el juez platense Luis Arias, contra el presidente y directores del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, por no cumplir con una sentencia. El magistrado embargó sus sueldos y pidió que se los investigue penalmente

El juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, multó a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires por incumplir una sentencia, que había exigido el pago de haberes a una jubilada.

El magistrado señaló que en aquella causa, se le había reconocido a una mujer su derecho a la incorporación de una bonificación para el cálculo de su prestación previsional y, en consecuencia, se había ordenado al Instituto de Previsión Social (IPS) al pago de los haberes devengados por ese concepto más intereses.

Agregó que la sentencia había sido notificad el 29 de diciembre de 2008 y, ejecutoriada la misma, se cursaron dos intimaciones para que la entidad demanda cumpla la condena, las cuales fueron desobedecidas por la Administración condenada.

En ese sentido, el juez indicó que “se ha configurado una clara desobediencia de la orden judicial por parte de la accionada, que no resulta justificado”.

Agregó que “el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional y la negación misma del Estado de Derecho, que exige el pleno sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico, a la vez que socava la legitimidad del poder administrador para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos”.

En consecuencia, señaló que, a fin de forzar el cumplimiento de la orden judicial, “corresponde imponer astreintes en la persona del Sr. Presidente del Directorio del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, solidariamente con los demás Directores de la citada entidad, las que se establecen en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500) por cada día de demora, y que computarán desde de la recepción de la pieza que se ordenará en el presente y hasta su efectiva observancia”.

“Para hacer efectiva la medida que aquí se decide, se habrá de disponer el embargo de los sueldos correspondientes a los funcionarios remisos”, añadió.

Asimismo,  el magistrado remitió copia del expediente a la Unidad Fiscal de Instrucción en turno, para que practique la investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de desobediencia.