No fue un fracaso el acto de HECHOS: El verdadero desafio es explicar el modelo de poder que quieren llevar y replicar a toda la Argentina

El acto de Hechos no fue un fracaso. Si el objetivo era generar repercusión, instalar sus nombres y poner en marcha una proyección política nacional, consiguieron parte de lo que buscaban.

Pero hay otra discusión. Mucho más importante. Porque si de verdad pretenden ofrecerle a la Argentina una alternativa de gobierno, tendrán que explicar primero qué resultados, qué prácticas y qué antecedentes respaldan el modelo de gestión que proponen exportar.

Y ahí aparecen las preguntas incómodas.

¿Es ese el modelo que quieren para los trabajadores argentinos, cuyos salarios municipales, según los datos que se vienen señalando en San Nicolás, en muchos casos no superan los 500 mil pesos? ¿Es ese el futuro para los jubilados municipales que perciben haberes que, en numerosos casos, ni siquiera alcanzan los 300 mil pesos?

¿Es el modelo de las tasas municipales que empresarios, comerciantes y contribuyentes cuestionan por su elevado costo? ¿El de quienes deben cumplir cada obligación tributaria mientras reclaman que el propio Estado municipal también ajuste su conducta a las normas?

Porque no se puede hablar de orden, eficiencia y responsabilidad si no hay una explicación pública, completa y verificable de cómo se administran los recursos.

UN MUNICIPIO, DOS REALIDADES Y MUCHAS PREGUNTAS

Hay una discusión pendiente sobre los ingresos que generan los espacios y emprendimientos vinculados al municipio, entre ellos el autódromo y el estadio.

¿Cuánto recaudan? ¿Quién administra esos recursos? ¿A qué partidas se destinan? ¿Cuánto vuelve en servicios, obras y beneficios concretos para los contribuyentes?

La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una separación clara entre los recursos municipales, los ingresos de los emprendimientos y las obligaciones presupuestarias. No alcanza con mostrar escenarios, eventos y grandes obras. También hay que mostrar los números.

Y si hablamos de producción y empleo, ¿qué garantías tienen los empresarios que quieren instalar una industria? ¿Qué condiciones deben cumplir? ¿Son iguales para todos? ¿Hay reglas claras o las habilitaciones dependen de quién las solicita y de sus relaciones políticas? Y ni hablar de las clausuras que sufren los opositores, de forma sistemática y apremiante, sin garantías ni respuestas.  Eso queremos los argentinos o en todo caso, los bonaerenses?

Los comerciantes también tienen derecho a preguntar. Especialmente aquellos que denuncian haber sufrido clausuras o controles que consideran arbitrarios y que vinculan con disputas políticas locales. Cada caso merece documentación, explicaciones y la posibilidad de ejercer una defensa.

Un municipio no puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento económico.

La transparencia no puede ser un slogan, también hay que hablar de la libertad de expresión.

¿Qué lugar ocupan los periodistas que investigan? ¿Qué sucede con los empresarios que cuestionan decisiones oficiales? ¿Qué garantías tienen los opositores para ejercer su función sin represalias?

La transparencia no consiste en publicar fotografías de gestión ni en organizar grandes actos. Consiste en aceptar preguntas, exhibir documentos, explicar decisiones y permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

Y hay otra cuestión que merece una explicación: el transporte público.

Los aumentos del boleto, las condiciones de prestación del servicio, los mecanismos de concesión y la eventual existencia de relaciones comerciales o societarias que pudieran afectar la competencia son asuntos que deben estar a disposición de los usuarios.

Si existen otros prestadores capaces de ofrecer mejores condiciones, ¿qué mecanismos garantizan que puedan competir en igualdad de oportunidades?

El transporte no es un negocio privado cualquiera cuando se trata de un servicio público esencial.

Las causas judiciales no desaparecen porque hay una campaña. Hay un capítulo que no puede quedar afuera de esta discusión: la investigación judicial sobre el patrimonio de la familia Passaglia.

No se trata de rumores ni de una discusión inventada en una tribuna política. Existe documentación oficial del Ministerio Público Fiscal.

En noviembre de 2022, la Fiscalía Federal de San Nicolás informó que había solicitado la indagatoria de Ismael José Passaglia, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Manuel, Ismael Santiago, María y Delfina, y otras personas, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La fiscalía describió inconsistencias patrimoniales y cuestionamientos sobre el origen de determinados bienes y fondos.

En mayo de 2023, el juez interviniente, el famoso Bailaque, hoy al borde de su destitución, entre otros detalles por recibir dádivas, dictó la falta de mérito de los investigados. Posteriormente, la Cámara Federal Amiga, de Rosario, confirmó esa decisión respecto de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento  revocó convenientemente la declaración de incompetencia respecto de la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública.

En agosto de 2025, la misma Cámara declaró inadmisibles los recursos de casación presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las defensas.

Esto es lo que surge de las actuaciones judiciales conocidas. La falta de mérito no es una condena, pero tampoco equivale a una declaración de inocencia definitiva. La investigación y sus antecedentes merecen ser explicados con rigor, sin ocultamientos y sin distorsionar lo que resolvieron los tribunales y por eso la causa no está cerrada.

La pregunta política sigue siendo legítima: ¿qué explicaciones están dispuestos a ofrecer quienes pretenden proyectar su experiencia de gobierno al conjunto del país?

Porque si un ciudadano común debe justificar el origen de su patrimonio, quienes han ocupado cargos públicos durante décadas también deben estar dispuestos a dar explicaciones.

¿Quien paga esta campaña millonaria en tantos medios del país?

La proyección nacional de Hechos abre otra pregunta elemental: ¿de dónde salen los recursos para financiar semejante despliegue?

Una campaña política debe tener financiamiento transparente, registrado y sujeto a los controles correspondientes.

Por eso sería importante conocer quiénes aportan, cuánto aportan y cómo se pagan los gastos de organización, publicidad, logística y movilidad.

También corresponde examinar la ejecución de partidas municipales y provinciales, entre ellas las destinadas a las partidas de educación no ejecutadas, o Defensa Civil, u otras. Si existen recursos presupuestados que no se ejecutaron o que tuvieron otro destino, deben exhibirse los documentos y explicarse las responsabilidades.

No se puede afirmar que el dinero de una partida pública financió una campaña sin pruebas. Pero tampoco se puede pedir confianza ciega cuando se trata de fondos que pertenecen a todos y que la duda está presente en el imaginario colectivo de los habitantes de esta ciudad.

Cuando siempre son las mismas empresas las que ganan una licitación que parece más una contratación directa, entonces, la rendición de cuentas no debería ser una concesión de ningún gobierno, sino todo lo contrario: Es una obligación.

La justicia también debe estar fuea de las disputas de poder, porque La independencia judicial es otro asunto que merece atención.

Los concursos, las designaciones y las coberturas de cargos en la Justicia Federal deben respetar procedimientos transparentes, antecedentes y órdenes de mérito.

Si existen cuestionamientos sobre una selección o sobre la eventual incidencia de relaciones políticas en una designación, deben conocerse los expedientes, las resoluciones y los fundamentos de cada decisión.

Ningún dirigente, empresario o referente político puede arrogarse el derecho de influir sobre la Justicia para obtener beneficios propios.

Y ningún ciudadano debería tener que preguntarse si sus derechos dependen de sus vínculos con quienes gobiernan.

Pero todo indica lo contrario, las designaciones y los méritos responden a amistades, como fue, según afirman fuentes judiciales, la fiscal general o el ahora candidato oficial para ocupar el cargo de juez federal. Un Pergaminense que defienden a costa de quien ganó un concurso legítimo, honrado y de prestigio. Y que otra vez, la Cámara Rosarina, como en otras oportunidades le quita a quiénes concursan y ganan su legítimo derecho a ocupar un cargo.

El acto terminó y las preguntas siguen. 

No fue un fracaso el acto de Hechos. Pero tampoco puede convertirse en una carta de presentación incuestionable.

Hay trabajadores que necesitan salarios dignos y no ser amenazados de no cobrar el bono de éste año si no asistían al acto con sus familias y con algo rosa como si hubiera sido una fiesta temática, o acaso lo fue. En Argentina los ubilados que merecen vivir con tranquilidad, en San Nicolas soportan apremios, tras apremios.  Hay comerciantes que reclaman reglas iguales. Industriales que necesitan previsibilidad. Periodistas que exigen libertad para investigar y acaso, contribuyentes que quieren saber dónde termina cada peso que pagan.

Hay una sociedad que tiene derecho a conocer los antecedentes de quienes pretenden conducirla.

La política no puede reducirse a una puesta en escena, a una caminata, a un escenario multitudinario o a una campaña millonaria. Mucho menos cuando se pretende transformar una experiencia municipal en una propuesta para toda la Argentina.

El verdadero debate no es cuánta gente convocaron. Es qué modelo de Estado quieren construir, cómo administraron el que tuvieron a su cargo y qué explicaciones están dispuestos a dar.

Porque la confianza pública no se hereda, no se impone y no se compra con publicidad.

Se construye con hechos, con transparencia, con justicia independiente y con respeto por los ciudadanos.

Y eso, precisamente, es lo que todavía necesita muchas respuestas.