Otro revés judicial para el municipio respecto a Moviport y el incremento de tasas

La Municipalidad de San Nicolás volvió a recibir un revés judicial en el conflicto tributario que mantiene con la empresa MOVIPORT S.A. Ahora fue el turno de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que rechazó el recurso presentado por la Comuna y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, para el caso concreto de la empresa, del artículo 211 bis de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 10.383, correspondiente al período fiscal 2022.

El punto central del fallo no está solamente en el porcentaje de la tasa ni en el impacto económico que tuvo para MOVIPORT S.A. La cuestión que terminó resultando determinante para los jueces fue otra: el Municipio no logró explicar por qué la empresa debía pagar una alícuota mayor ni acreditó que recibiera una prestación municipal diferente que justificara ese tratamiento tributario.

La empresa había cuestionado el incremento de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que implicaba una suba del 375 por ciento respecto del período anterior.

Desde el inicio del proceso, MOVIPORT sostuvo que la Municipalidad había mantenido sustancialmente el mismo servicio que justificaba el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, pero que, mediante la Ordenanza 10.383 y la incorporación del artículo 211 bis, había incrementado extraordinariamente la carga tributaria y establecido un tratamiento diferencial para quienes industrializan mercadería de terceros. Para la empresa, esa modificación rompía la relación entre la tasa y el servicio municipal, resultaba irrazonable y contraria al principio de igualdad, afectaba su derecho de propiedad y convertía materialmente la tasa en un instrumento predominantemente recaudatorio.

MOVIPORT también cuestionó el Fondo Solidario de Obras Públicas incorporado a la TISH, aunque este último planteo no fue acogido por la sentencia de primera instancia. El Municipio, en cambio, sostuvo que no se trataba de un aumento sino de una reclasificación destinada a establecer una alícuota diferencial para quienes desarrollaban determinadas actividades industriales con materia prima o mercadería de terceros y servicios de almacenamiento. Para la Cámara, esa explicación no alcanzó.