El vínculo político que también merece explicaciones

La relación entre Diego Haroldo Hormazábal y José Luis Espert no es una construcción reciente ni surge solamente de fotografías circunstanciales.

Cuando se inauguró el local de la UCD en San Nicolás, nuestro medio realizó una cobertura del acto. Fue en aquella oportunidad cuando Hormazábal llevó a Espert, lo presentó públicamente y se refirió a él como su padrino político.

Desde entonces, las imágenes de ambos compartiendo actividades y encuentros políticos se multiplicaron. Las fotografías tomadas en distintas oportunidades muestran una relación cercana que excede, al menos públicamente, la de dos dirigentes que simplemente coinciden en un espacio político.

Y existe además un dato político que, por su relevancia, merece ser puesto sobre la mesa: la llegada de Hormazábal a la conducción de PAMI San Nicolás fue atribuida dentro del espacio político a un acuerdo con Espert. Y no es un dato menor. 

Porque quien llega a conducir una agencia de la obra social más importante del país no administra un sello partidario. Administra recursos públicos y, fundamentalmente, decisiones que afectan directamente a miles de jubilados.

Por eso, cuando una decisión atribuida a su gestión termina perjudicando a más de 1.500 afiliados, cuando esos afiliados son trasladados compulsivamente de una institución a otra y cuando finalmente la propia estructura de PAMI decide revertir la medida y devolverlos al Sanatorio UOM, el vínculo político deja de ser una simple anécdota.

Se transforma en una pregunta periodística.

¿Quién tomó la decisión? ¿Con qué informes? ¿Quién la autorizó?

¿Qué evaluación se hizo de la Clínica San Nicolás antes de trasladar allí a más de 1.500 afiliados?

¿Cuántos recursos de PAMI recibió la institución como consecuencia de esa decisión?

Y, sobre todo:

¿Qué responsabilidad política y administrativa asumirá quien tomó una decisión que ahora debe ser desarmada?

De padrino político a decisiones sobre miles de jubilados

La cuestión no consiste en cuestionar que un funcionario tenga una pertenencia o un padrinazgo político. Eso forma parte de la actividad política.

El problema aparece cuando las decisiones tomadas desde el Estado producen consecuencias concretas sobre los ciudadanos.

Los jubilados no eligieron ser trasladados. No fueron consultados. No pidieron cambiar de institución.

Y ahora, después de semanas de reclamos, volverán progresivamente al lugar donde tenían originalmente su cobertura.

Por eso, el regreso al Sanatorio UOM no debería cerrar la historia. Debería abrirla.

Porque ahora corresponde reconstruir qué ocurrió entre la decisión inicial y la marcha atrás.

El documento que falta: 

• ¿Dónde está el expediente que originó el traslado de los 1.500 afiliados?

Nos preguntamos si ese documento que puede transformar esta historia en una investigación documental, porque allí debería poder establecerse y lo dejamos a consideración de algún fiscal:

• Quien lo pidió, Quién los autorizó, qué informe lo justificó, qué contrato se utilizó, cuánto dinero se comprometió y ¿por qué ahora se revierte? 
• ¿Cuánto dinero movió la decisión? 

1.500 afiliados × valor de cápita × período de permanencia = recursos derivados al prestador.

La pregunta central es cuánto dinero de PAMI recibió Clínica San Nicolás durante el período en que tuvo asignados a esos afiliados y bajo qué modalidad contractual o prestacional.

Por eso, bastaría con saber y conocer

El convenio o contrato con Clínica San Nicolás;

El expediente administrativo que dispuso el cambio;

Los valores de las cápitas o prestaciones;

Las facturaciones efectuadas durante el período;

Y la documentación correspondiente a la reversión.

Esta nota y hacemos la salvedad, puede pasar de una fuerte denuncia política a algo mucho más contundente: una investigación sobre una decisión administrativa, sus responsables, sus beneficiarios económicos y la posterior marcha atrás.

Otro dato a considerar: El dato oficial de que Hormazábal fue desplazado de la Agencia San Nicolás pero continuó dentro de PAMI con función jerárquica; no estamos diciendo que fue echado de PAMI; estamos diciendo exactamente lo que dice la resolución.

Los jubilados merecen algo mucho más sencillo que explicaciones políticas: merecen saber por qué los hicieron irse, quién decidió hacerlo y por qué ahora los hacen volver.

“El regreso de los jubilados al Sanatorio UOM no termina la historia: empieza a revelar quién tomó una decisión que ahora PAMI debe deshacer.

Y es vital que, si efectivamente la designación de Hormazábal respondió a un acuerdo político con Espert, como se sostuvo dentro del espacio y como surge del vínculo político público que ambos exhibieron, también corresponde preguntarse qué controles existieron sobre las decisiones tomadas durante su gestión.

El vínculo que Diario la Verdad registró.

Diego Hormazábal junto a José Luis Espert durante la inauguración del local de la UCD en San Nicolás. Diario la Verdad fue el único medio presente en aquella oportunidad y fue testigo directo de la presentación que Hormazábal hizo de Espert como su “padrino político”.

Ese dato es especialmente importante porque no estamos interpretando una fotografía: estamos incorporando a la investigación el testimonio directo de nuestro propio medio sobre lo ocurrido en aquel acto.

Un poco de historia. Recordemos el tema referido a los US$200.000 y Fred Machado, y lo que dan cuenta los medios que investigan. Nosotros, aportamos información del vínculo y no hay que olvidar la situación judicial de Espert como contexto político, sin que se deduzca que estamos utilizando una acusación contra Espert para imputarle automáticamente algo a Hormazábal.

https://diariolaverdad.com.ar/nota/6108/inauguracion-del-local-de-la-ucd-en-la-ciudad/

Para una persona mayor, su institución de cabecera representa mucho más que una dirección.

Es donde están sus médicos, sus antecedentes, sus estudios, sus tratamientos, sus prácticas habituales y el lugar al que sabe que debe recurrir cuando necesita atención o internación.

Sin embargo, más de 1.500 afiliados fueron derivados sin haberlo solicitado.

Y ahora volverán al lugar del que fueron retirados.

La pregunta es inevitable: ¿por qué? y por ahora se trata de una decisión que nadie explicó

Los primeros reclamos llegaron a Diario la Verdad a través de jubilados y pensionados que descubrieronque ya no figuraban como afiliados del Sanatorio UOM.

No hubo una explicación clara para los afectados. Tampoco una comunicación que permitiera comprender por qué una cantidad tan significativa de personas había sido trasladada de una institución a otra.

Los afiliados comenzaron entonces a peregrinar en busca de respuestas.

Turnos, estudios, consultas, prácticas e internaciones quedaron atravesados por una modificación que no habían pedido.

Para muchos adultos mayores, el cambio significó tener que empezar nuevamente a conocer profesionales, recorrer otros lugares y resolver dónde serían atendidos. Mientras tanto, el silencio oficial alimentaba todavía más las sospechas.

Por todo lo mencionado nos volvemos a preguntar, si este antecedente político entre Hormazábal y Espert: existió y existe, según refieren,una relación que Diario la Verdad registró antes de la llegada de Diego Hormazábal a PAMI

Las fotografías posteriores de ambos juntos constituyen otro registro de una relación política cercana. Sin embargo, este antecedente no permite, por sí solo, afirmar que una determinada designación haya sido producto de un acuerdo.

Pero sí permite formular una pregunta legítima:

¿Qué papel tuvo esa relación política en la llegada de Hormazábal a PAMI?

Y, sobre todo, cuando una decisión adoptada durante su paso por el organismo termina afectando a más de 1.500 jubilados y posteriormente debe ser revertida:

¿Quién controla a quienes administran los recursos y toman decisiones sobre la salud de los adultos mayores?

• Porque esta historia no termina con el regreso al UOM. Recién comienza cuando alguien explique por qué los sacaron.

No afirmamos que una fotografía pruebe por sí sola el origen de una designación.

Pero sí existe un vínculo político público que merece ser considerado cuando se analiza quiénes ocuparon cargos, quiénes tomaron decisiones y bajo qué lógica se administraron recursos destinados a los jubilados.