La transparencia sobre el manejo de los recursos públicos volvió a quedar en el centro de la escena en San Nicolás. Un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó al municipio entre los distritos bonaerenses con peor desempeño en materia de acceso a la información fiscal.
De acuerdo con el relevamiento, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026, San Nicolás registró un nivel nulo de cumplimiento en la publicación de información presupuestaria a través de sus canales oficiales.
El dato adquiere especial relevancia porque el presupuesto municipal no constituye información reservada: se trata de recursos públicos, provenientes fundamentalmente de los impuestos, tasas y otros ingresos que sostienen el funcionamiento del Estado local. Su publicación permite que los ciudadanos conozcan cuánto dinero administra el municipio, de dónde provienen los recursos y en qué se gastan.
El relevamiento de ASAP analizó a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, tomando como referencia la disponibilidad y visibilidad de información fiscal y presupuestaria en los sitios web oficiales.
El resultado general muestra que 65 distritos alcanzaron la máxima categoría de cumplimiento, mientras que el 93% de los municipios relevados cuenta con algún nivel de acceso visible a información fiscal en sus páginas oficiales.
En el extremo opuesto quedaron 21 municipios con nivel nulo de publicación, entre ellos San Nicolás.
La diferencia no es menor: mientras buena parte de los municipios bonaerenses avanzó en la publicación de sus cuentas, el distrito quedó ubicado en el grupo en el que, según la medición, no existe información presupuestaria suficiente disponible para consulta pública ni para algunos concejales de la oposición.
El detalle de la evaluación resulta todavía más contundente. Según la tabla de resultados de ASAP, San Nicolás obtuvo cero puntos en cada una de las variables consideradas.
Entre los aspectos evaluados se encuentran la disponibilidad del presupuesto, la información económico-financiera, la ejecución trimestral, los gastos clasificados por finalidad y la información vinculada con el endeudamiento municipal.
La ausencia de estos datos limita la posibilidad de que los vecinos puedan realizar un seguimiento sobre la administración de los fondos públicos y conocer, con información oficial y accesible, cuáles son las prioridades de gasto de la gestión.
La transparencia presupuestaria no se reduce, en ese sentido, a publicar formalmente una ordenanza o un documento en algún rincón de una página institucional. Para que exista acceso efectivo a la información, los datos deben encontrarse disponibles, ser visibles y permitir su consulta y seguimiento por parte de la ciudadanía.
La ASAP es una organización no gubernamental creada en 1975 que trabaja sobre cuestiones vinculadas con el presupuesto, la administración financiera y la gestión pública. Sus relevamientos de transparencia municipal permiten establecer comparaciones entre los distintos gobiernos locales y observar qué nivel de información ponen a disposición de sus comunidades.
En el caso de San Nicolás, el resultado plantea una pregunta elemental: ¿cómo pueden los ciudadanos controlar el uso de los recursos municipales si la propia administración no ofrece públicamente la información necesaria para hacerlo?
Conocer cuánto recauda el municipio, cuánto ejecuta, en qué áreas concentra sus gastos, cuál es su situación financiera y qué nivel de deuda mantiene constituye un componente básico de cualquier política de rendición de cuentas.
El dato del informe, por lo tanto, no es solamente una mala calificación en un ranking. Expone una dificultad concreta para el ejercicio del control ciudadano sobre la administración de recursos que pertenecen a toda la comunidad.
En un escenario donde las herramientas digitales permiten publicar presupuestos, ejecuciones y estados financieros de manera sencilla y permanente, que un municipio figure con cero puntos en todas las categorías de transparencia evaluadas representa, como mínimo, un serio llamado de atención sobre sus políticas de acceso a la información pública.
La discusión, en definitiva, no pasa únicamente por cuánto dinero administra el Estado municipal, sino también por qué información está dispuesto a brindar sobre ese dinero y qué tan fácil resulta para un vecino acceder a ella.