El oficialismo rechazó en el concejo deliberante un proyecto que solo pedía respetar la ley y el derecho de defensa

En una sesión marcada por el debate sobre la legalidad de los actos administra vos y el respeto a las garan as cons tucionales, el bloque Alianza La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para manifestar su preocupación ins tucional por la clausura dispuesta por el Municipio sobre la empresa Moviport S.A.

La inicia va no buscaba revisar el expediente administra vo ni otorgar privilegios a ninguna empresa: proponía que el Honorable Concejo Deliberante reafirmara principios elementales como la legalidad, la transparencia, la razonabilidad, el debido proceso y el derecho de defensa en toda actuación estatal que afecte ac vidades produc vas. La resolución fue presentada por la concejala Mariana Aseff, quien sostuvo que el Concejo no podía permanecer indiferente frente a una medida con importantes consecuencias laborales, económicas e ins tucionales.

El proyecto advertia a que toda clausura administra va debe encontrarse debidamente fundada, ajustada a derecho y respetar plenamente las garan as cons tucionales, preservando además un adecuado clima ins tucional para el ejercicio del control de los actos de gobierno. Luego de la presentación del proyecto, el concejal Federico Chouhy tomó la palabra y sostuvo que la clausura de Moviport no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple discusión administra va. Explicó que cuando el Estado paraliza la actividad de una empresa no solo afecta a sus propietarios, sino también a trabajadores, proveedores, clientes y a la confianza de quienes invierten y generan empleo. “Detrás de esa clausura hay mucha gente”, expresó Chouhy, al referirse a los trabajadores que hoy desconocen cuál será su futuro laboral, a los clientes que necesitan cumplir contratos y a una ciudad que observa con preocupación una decisión que impacta directamente sobre la producción y el empleo.

En ese contexto, advirtió que cuando un empresario, un comerciante o un vecino sienten que cuestionar al poder puede traer consecuencias sobre su actividad privada, el problema deja de ser individual para transformarse en una preocupación ins tucional.

Chouhy también explicó que la documentación requerida por el Municipio había sido presentada oportunamente y que incluso volvió a ser entregada dentro del plazo otorgado. Según manifestó, pese a ello los inspectores regresaron igualmente para ejecutar la clausura, circunstancia que mo vó el reclamo por el respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

El proyecto fue rechazado por los concejales del bloque Hechos y también por Maciel Deatriz y Lucas Lucero. De ese modo, el Honorable Concejo Deliberante decidió no acompañar una resolución que únicamente proponía reafirmar principios básicos como la legalidad, el debido proceso, la transparencia y el derecho de defensa frente a medidas que afectan ac vidades produc vas. Durante el debate, la presidenta del bloque Hechos, Celeste López, no acompañó la inicia va y defendió la actuación del Departamento Ejecu vo. En su intervención sostuvo que la empresa había incumplido con los requerimientos municipales, jus ficando así la clausura dispuesta por el Municipio. Desde el bloque Alianza La Libertad Avanza se respondió que ese precisamente era el punto de discusión: la empresa sos ene haber presentado la documentación requerida dentro de los plazos otorgados y, aun así, haber sido clausurada. Por ello, el proyecto no pretendía resolver el expediente administra vo ni reemplazar a la Justicia o a la administración, sino reafirmar un principio básico del Estado de Derecho: que toda actuación municipal sobre ac vidades produc vas se adopte con estricto apego a la ley, con fundamentos claros, transparencia, razonabilidad y pleno respeto por el derecho de defensa. La sesión dejó una definición política clara.

Mientras el bloque Alianza La Libertad Avanza propuso que el Concejo Deliberante reafirmara principios básicos del Estado de Derecho -con apoyo del bloque Fuerza Patria-, la mayoría del cuerpo decidió no acompañar esa iniciativa.

El debate dejó de ser solamente sobre la clausura de una empresa: pasó a ser una discusión sobre los límites del poder, el respeto por la ley y las garan as que deben proteger a todos los vecinos por igual.