Puerto de San Nicolás: la investigación judicial pone bajo la lupa los controles en el puerto de San Nicolás y profundiza los interrogantes sobre la gestión de Cecilia Comerio

La investigación judicial que involucra la operatoria del Puerto de San Nicolás comenzó a generar un fuerte impacto político dentro de la administración bonaerense. Mientras la causa avanza en la Justicia Federal y se multiplican las medidas de prueba, el silencio de las autoridades provinciales y del Consorcio de Gestión alimenta los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de control en uno de los principales puertos públicos de la provincia.

En el centro de ese escenario aparece la directora del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio, cuya administración ya venía siendo objeto de diversas denuncias y cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades en el manejo del predio portuario.

La causa que tramita en el Juzgado Federal de Campana se originó tras el hallazgo de un importante cargamento de carbonato de sodio, una sustancia de uso industrial cuya comercialización puede encontrarse bajo fiscalización estatal debido a su potencial utilización en determinados procesos vinculados con la elaboración de estupefacientes.

Los procedimientos realizados por Gendarmería Nacional, con participación de distintas unidades especializadas, incluyeron allanamientos en instalaciones utilizadas por la empresa Terminales y Servicios (TyS), donde fue secuestrado un importante volumen del producto almacenado en depósitos ubicados sobre avenida Savio. La Justicia procura determinar el origen, destino y documentación de esa mercadería, además de establecer si existieron incumplimientos administrativos o eventuales responsabilidades penales.

Pero el expediente también expone otro interrogante: ¿cómo funcionaron los controles internos del puerto durante todo ese proceso?

Hasta el momento, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás no brindó explicaciones públicas sobre los mecanismos de fiscalización aplicados durante la permanencia de la carga en el predio ni sobre las medidas adoptadas después de los allanamientos judiciales. Fuentes confiables nos indicaban que el buque chino permaneció cerca de una semana en el puerto, cargando y descargando. 

La ausencia de respuestas cobra mayor relevancia debido a que la gestión de Comerio ya había sido objeto de otras denuncias públicas relacionadas con el funcionamiento del puerto.

Entre ellas, se mencionan presentaciones vinculadas al almacenamiento durante meses de mercadería presuntamente abandonada y vencida dentro del predio portuario, en condiciones sanitarias cuestionadas, así como la permanencia de una ambulancia fuera de servicio durante un prolongado período en otro sector del puerto. Esas situaciones fueron denunciadas, por nuestro medio, y pone en dudas a la administración y control de los espacios públicos bajo la órbita del Consorcio.

A ello se suma otro aspecto señalado por diversas fuentes consultadas: la presunta ausencia de auditorías externas periódicas que, según sostienen, deberían realizarse regularmente para evaluar el funcionamiento administrativo y operativo del ente portuario. La falta de información oficial sobre esos controles incrementó las dudas respecto de los sistemas de supervisión existentes.

En paralelo, distintas fuentes políticas y empresariales consultadas por este medio sostienen que la investigación también vuelve a poner bajo observación la relación entre funcionarios del Consorcio y operadores privados que desarrollan actividades dentro del puerto. Esas versiones forman parte del contexto político que rodea la causa, aunque hasta el momento no han derivado en imputaciones judiciales contra funcionarios provinciales.

Otro de los datos que ahora analiza la Justicia es la operatoria desarrollada por un buque de bandera china que, según fuentes vinculadas a la investigación, permaneció varios días en el Puerto de San Nicolás realizando tareas de carga y descarga. Ese movimiento también forma parte del conjunto de operaciones que buscan ser reconstruidas por los investigadores.

El expediente continúa bajo secreto en varios de sus aspectos y las medidas judiciales siguen avanzando. Mientras tanto, desde el Ministerio de Producción bonaerense y desde el propio Consorcio de Gestión no trascendieron informes públicos que expliquen si, tras los allanamientos, se iniciaron auditorías internas, sumarios administrativos o revisiones extraordinarias de los protocolos de control.

Por el momento, la investigación no registra imputaciones públicas contra Cecilia Comerio ni contra otros funcionarios provinciales vinculadas a esta causa. Sin embargo, el avance del expediente mantiene abiertos numerosos interrogantes sobre la eficacia de los controles estatales, la supervisión de las cargas,la falta de auditorias externas que por obligación deben realizarse cada seis meses, la relación entre el Estado y los operadores privados y las responsabilidades administrativas dentro de una infraestructura considerada estratégica para la logística y el comercio exterior bonaerense,  

El silencio oficial, lejos de disipar las dudas, continúa alimentando el debate político sobre la conducción del Puerto de San Nicolás y sobre la necesidad de transparentar los mecanismos de control en una de las terminales públicas más importantes de la provincia, afectando la imagen del gobernador.