POLíTICA | 12 MAY 2026
ESCáNDALO EN SAN NICOLáS
Denuncian a Manuel Passaglia y suma. Tráfico de influencias, detenciones ilegales, amistades judiciales, y un pedido de desafuero y de juicio político
No sólo piden juicio político para Manuel Passaglia, sino que piden detenciones ya. El círculo se va cerrando sobre toda familia Passaglia, sin olvidar a la Carpeta Maldita, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Qué familia resulta cuando la política y la justicia actúan de la mano para protegerse y callarnos.
La situación judicial que rodea a la familia Passaglia suma nuevos capítulos y profundiza un escenario cada vez más complejo en San Nicolás. De revés en revés, las denuncias comienzan a acumularse y vuelven a poner bajo la lupa a un entramado político y judicial que durante años fue señalado por distintos sectores de la comunidad.
En las últimas horas, el diputado provincial del bloque Hechos, Manuel Passaglia, quedó en el centro de una fuerte controversia tras la presentación de un pedido de juicio político y jury de enjuiciamiento en la Legislatura bonaerense. La denuncia fue impulsada por el vecino nicoleño Hugo Damián Caballero, quien expuso un presunto esquema de tráfico de influencias, persecución política y protección judicial que involucraría tanto a funcionarios municipales como a integrantes del Departamento Judicial de San Nicolás.
Según la presentación, existiría una red de encubrimiento destinada a garantizar impunidad en distintas actuaciones judiciales. El pedido alcanza además a los magistrados Rubén Giagnorio, Verónica Marcantonio y Laura Fernández. A Giagnorio se lo acusa de haber avalado la compactación de un vehículo en medio del conflicto judicial; a Marcantonio, de mantener paralizada una causa durante cinco años y de poseer una supuesta “amistad íntima” con Giagnorio; mientras que Fernández es señalada por haberle negado al denunciante el acceso a un abogado gratuito.
Las sospechas sobre el funcionamiento de determinados sectores del poder político y judicial local no dejan de crecer. Lo que durante años fue denunciado públicamente comienza ahora a adquirir otra dimensión con la aparición de nuevas actuaciones judiciales y expedientes que comprometen a distintos actores vinculados al oficialismo nicoleño.
Pero el escándalo no termina allí. En paralelo, otra causa amenaza con agravar aún más la situación. Bajo la IPP 4921/26, la Justicia analiza medidas de extrema gravedad ante presuntos delitos de Asociación Ilícita, Prevaricato y Estafa Procesal.
Fuentes judiciales aseguran que en las próximas horas el Juez de Garantías, Ricardo Prati, junto al fiscal interviniente, podrían ordenar la detención inmediata del abogado municipal Sebastián Ferrari, acusado de liderar maniobras fraudulentas que —según la denuncia— continúan activas hasta la actualidad.
Entre las acusaciones más impactantes aparece un hecho que ya genera conmoción en el ámbito judicial: se habrían dictado resoluciones y medidas cautelares entre 2021 y 2024 contra una persona fallecida en 2019. Es decir, se habría continuado litigando judicialmente contra alguien que ya no podía ejercer defensa alguna.
La denuncia también sostiene que se ignoró deliberadamente una Anotación de Litis vigente desde 2017 sobre la denominada “Manzana 60”, documento que impedía cualquier avance judicial o administrativo sobre esos terrenos. Según los denunciantes, esa información habría sido ocultada para facilitar un presunto despojo ilegal.
Además, se habla de una supuesta estafa procesal coordinada y de una red de protección judicial que incluso motivó un pedido formal de desafuero contra Manuel Passaglia.
Mientras la comunidad nicoleña observa con preocupación el avance de las causas, crece la expectativa sobre las próximas decisiones judiciales. El clima político en San Nicolás atraviesa uno de sus momentos más delicados y las investigaciones prometen seguir sumando capítulos en una trama que ya sacude al poder local.
