El intendente no tiene nada mejor que hacer que meterse con la tutela sindical del gremio del perseguido Rodolfo Cecchi

El intendente municipal Santiago Passaglia ha solicitado la exclusión de la tutela sindical de quien suscribe, ante el Tribunal de Trabajo N° 3. Este acto, lejos de tratarse de una formalidad jurídica, encierra una intención política inequívoca: disciplinar a quien denuncia, silenciar al que incomoda, castigar al que persiste.

ero esta vez el atropello va más allá: se ha solicitado la exclusión sindical no sólo de mi persona, sino de la organización que legítimamente represento, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Nicolás, adherido a la FESIMUBO, organización de la cual soy integrante. Tal pertenencia ha quedado debidamente acreditada en el mismo expediente ante ese tribunal. No hay, entonces, confusión posible: se intenta avanzar contra una estructura gremial reconocida y legal, por el solo hecho de ejercer su función esencial, que es la defensa de los derechos de los trabajadores.

Este proceso no es nuevo. Ya he atravesado un traslado forzoso en mayo de 2023, como represalia por defender la continuidad de la cobertura de la obra social IOMA en la localidad de Conesa. En diciembre de 2024, debí recurrir al Honorable Tribunal porque no me habían abonado los haberes correspondientes, luego de denunciar públicamente el cobro indebido de bonos por parte de concejales que se autopercibían empleados municipales, mientras más de 170 compañeros y compañeras no lo habían percibido. Nos encontramos, entonces, ante una administración que reprime la organización, obstaculiza la representación y castiga el derecho a reclamar. Un municipio que impide sistemáticamente las demandas a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), al mismo tiempo que promueve —bajo la figura engañosa de "retiros voluntarios"— lo que en los hechos se convierte en desvinculaciones forzadas.

¿El motivo de fondo? Basta con observar la composición del empleo público local. Más de dos mil personas, entre monotributistas, becarios, cooperativistas y mal llamados voluntarios, perciben una retribución de apenas mil quinientos pesos la hora. Esta realidad contrasta obscenamente con los haberes de los altos funcionarios del gabinete municipal: más de veinte secretarios con sueldos millonarios, multiplicados por bonificaciones, adicionales por mérito, antigüedad y otras sumas que se acumulan sin pudor, superando en algunos casos el 300% del salario básico. No se trata de desigualdad solamente: se trata de una estructura de poder que no puede justificar lo injustificable. Y por eso molesta. Molesta que hayamos denunciado reiteradamente las irregularidades del sistema de salud municipal, las contrataciones oscuras con empresas del Grupo Oroño, y el desmantelamiento encubierto de los centros de salud en General Rojo y Conesa, donde médicos con sueldos precarizados fueron expulsados a la práctica privada, en detrimento de la atención pública.

El mismo Estado que nos exige compromiso, nos responde con persecución. El mismo municipio que se embandera con la "modernización" opera con prácticas regresivas, dejando que delegaciones y sectores continúen operando sistemas como la SUBE con trabajadores fuera del marco legal: dos municipales y dos cooperativistas, como lo prueban los materiales filmados que se han adjuntado en las denuncias. La raíz del conflicto es clara: hemos solicitado un aumento del 100% y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. No hay crimen allí, sino justicia elemental. Sin embargo, se responde con hostigamiento. Este nuevo atropello a la libertad sindical no sólo vulnera el principio protectorio del Derecho del Trabajo, sino que da cuenta de un tribunal que, lejos de proteger a la parte débil de la relación laboral, permite que avance la estrategia del más fuerte.

Mientras tanto, los mismos que persiguen trabajadores se exhiben en los medios nacionales prometiendo transparencia y pidiendo el voto ciudadano: en particular Manuel Passaglia, que hoy busca representar a la Segunda Sección Electoral como diputado.

El emperador y filósofo estoico Marco Aurelio escribió: “La justicia es la fuente de todas las demás virtudes.” Allí donde se clausura la justicia, no queda más que la apariencia de virtud: retórica vacía, discursos sin sustancia, y un poder que se mira al espejo sin preguntarse a quién representa.