La normativa fue sancionada en la Legislatura bonaerense en diciembre de 2020, tras ser reclamada durante años por organizaciones sociales y familiares de víctimas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el patrocinio jurídico para personas víctimas de delitos que no puedan afrontar ese gasto. El Estado se hará cargo de los honorarios de los abogados y abogadas que representen los intereses de las víctimas.
Por lo que se creó un registro al que podrán acceder los letrados que tengan más de 3 años de antigüedad en el título. Quienes, a la vez, deberán realizar de manera obligatoria cursos de formación y actualización que el Colegio de Abogados ofrecerá gratuitamente.
La ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la víctima de esta cartera gubernamental será el área encargada de asumir la atención especializada de los casos.
La reglamentación prevé protocolos de derivación hacia el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual cuando se trata de supuestos de violencia de género y hacia el Organismo de la Niñez y la Adolescencia ante casos que afecten a personas menores de edad