Alquileres y cuotas de las estafas UVA, congeladas

Alquileres, desalojos, vigencia de contratos y congelamiento de precios. El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Para evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda, el Poder Ejecutivo además prorrogó la extensión de los contratos actuales, la suspensión de desalojos y la subsistencia de fianza, en el marco de la emergencia pública que rige en el país.

Los decretos publicados en el Boletín Oficial son los 766/2020 y 767/2020. El primero de ellos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

Las medidas extendieron hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

En tanto, el segundo de los decretos prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispuso suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean "hipotecarias, judiciales o extrajudiciales".

La norma además alcanza a los "lanzamientos ya ordenados" y que no se hubiesen llevado a cabo.

Cabe recordar que los créditos UVA se convirtieron en una estafa perfecta que benefició a los bancos y perjudicó a miles de personas que accedieron al supuesto beneficio. La trampa perfecta quedó plasmada cuando la inflación se disparó al 50% en el Gobierno de Mauricio Macri y explotó las cuotas de los créditos.

En el mismo sentido, el decreto Nº 320/20 garantizó el derecho a la vivienda “en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo”.

Se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, los bancos deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales