Liberar presos. El plan oculto de Conte Grand

Presos y política. El Procurador bonaerense aparece como el brazo ejecutor de una jugada de pizarrón de Juntos por el Cambio para provocarle un verdadero dolor de cabeza al gobierno de Alberto Fernández.

En el arranque de la Pandemia, la Procuración General de la Corte bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, hombre de extrema confianza de María Eugenia Vidal, firmó una resolución alentando a los integrantes del Ministerio Público, básicamente a los defensores oficiales, a recurrir en la búsqueda del ‘arresto domiciliario’ para la población de riesgo por COVID-19 alojados en cárceles. La recomendación es clara y no estipula límites más allá de las categorías establecidas para delimitar a la población de riesgo. En llano: define el universo de los presos habilitados para iniciar el trámite de morigeración, en clave sanitaria, sin excepciones vinculadas al prontuario que los llevó tras las rejas.

El debate que se generó en las últimas horas, sin embargo, apunta únicamente al fallo de Casación. Llamativamente, la resolución que contempla, además del potencial riesgo sanitario derivado de las deficiencias inmunológicas de los detenidos –única referencia en términos del procedimiento que fijó Procuración- la 'peligrosidad’ que supone para el resto de la sociedad, la gravedad del hecho que se le imputa al potencial beneficiario del arresto domiciliario. l

Nada de eso tuvieron en cuenta la mayoría de los medios de comunicación, ni los "influencers" de la oposición, ni las miles de personas que "cacerolearon" ayer contra el gobierno de Alberto Fernández.

En la cronología del Plan que pergeñó la Justicia para contener la pandemia en las cárceles, la resolución del Tribunal de Casación del pasado 8 de abril no sólo limitó los arrestos domiciliarios a “delitos leves”, sino que fue la resultante de una medida anterior que tomó la Procuración, a cargo de Julio Conte Grand, el 16 de marzo último, en la que recomendó a los defensores echar mano a ese recurso, sin más indicación que tener en cuenta los riesgos sanitarios derivados de la edad y estado clínico de los internos.