Consorcios de Gestión y el nuevo modelo portuario bonaerense

Consorcios de Gestión. Las autoridades bonaerenses apuntan a éstos consorcios "privados" en las terminales provinciales. Observan oscuridad y poco control. El desafío es incorporarlos a un proyecto productivo.

Con las cuentas en rojo, el Fondo Provincial de Puertos no recibe, hoy por hoy, ningún aporte de dinero de los puertos transformados en Consorcios de Gestión.

Los consorcios fueron creados por decreto, con lo cual sería suficiente otro decreto que derogue los anteriores, como es el caso del "Consorcio de Gestión de San Nicolás". Desde el ámbito gremial sostienen que la creación de los consorcios y el manejo que han tenido podrían dar motivos suficientes a las nuevas autoridades para promover un cambio en el status de los mismos.

Qué hacer con los puertos es un interrogante para el gobierno de Axel Kicillof. El Gobernador designó como Subsecretario de Actividades Portuarias a Juan Cruz Lucero, un economista surgido del Centro de Economía Política (CEPA) y cercano al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El legado de la gestión de María Eugenia Vidal deja como saldo un manojo de problemas, entre ellos la ausencia de una política clara, la transformación de las administraciones portuarias en consorcios -privatización, aseguran los sindicatos- y una extensa lista de enredos económicos y judiciales.

El área, bajo el control del ministro de Producción, Augusto Costa, busca ahora un nuevo perfil, aseguran, tras lo que consideran “cuatro años de ausencia de planificación y de políticas para el sector”. Incluso, la ministra de Gobierno, María Teresa García, anunció que la intención de avanzar con una nueva Ley de Puertos.

El objetivo, ratificado por Augusto Costa, es incluir a las terminales portuarias dentro de los planes productivos bonaerenses, ya que ninguno de éstos puertos aportan a las arcas del Estado desde que se transformaron en consorcios, como nuestro medio viene denunciando. “Estamos trabajando en un Plan Portuario Integral para generar más empleo”, dijo García, explicando que “los puertos bonaerenses tienen problemas por falta de inversión”. Así, la caja del Fondo Provincial de Puertos quedó vaciada.

Sin embargo, la principal sospecha recae sobre los denominados Consorcios de Gestión, integrados por representantes de las empresas, los sindicatos y los municipios, presididos por un elegido o "avalado" por el Gobierno provincial.

“Los consorcios de gestión no rinden cuentas, son cajas oscuras, donde en alguno de ellos el poder lo tienen las grandes empresas, en otros casos el poder lo tienen los políticos con sus alfiles o títeres puestos a defender el negocio familiar y sus propios intereses económicos en los puertos como presidentes de los consorcios de gestión.

Las nuevas autoridades provinciales tienen la intención de revisar esta “forma encubierta de privatización”, tal como lo sintetizan gremios como el Sutap.

Uno de los objetivos iniciales es avanzar sobre los presidentes de los consorcios que siguen siendo los de la gestión anterior. Que cobran no sólo jugosos salarios sino que además participarían del negocio de los permisos de uso y avalarían un sinfín de irregularidades, como tomar personal, manejar licitaciones y tomar decisiones que afectan al erario provincial, ya denunciado por nuestro medio oportunamente en fiscalía general de San Nicolas.

Las nuevas autoridades estudian con minuciosidad los movimientos económicos de los consorcios, que registraron millonarias facturaciones desde su creación. Los tres últimos que vieron la luz durante la gestión de Vidal fueron los de San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales. Se hizo vía decreto, y para muchos fueron “hechos a las apuradas”.

Varias de las nuevas estructuras arrastran demandas, como la que se inició a raíz de una obra de dragado sospechosa de parte del directorio de éstos Consorcios de gestión como es el caso de San Nicolás, sin intervención de la Autoridad Portuaria en los controles barimétricos. “Estamos investigando situaciones irregulares”, aseguró el ministro Costa.

Con respecto a los presidentes de los consorcios, los gremios denuncian que "muchos son hombres de Vidal y de Tizado”, y otros tienen sus padrinos en la política o el sindicalismo.

Recuerdan que José María Dodds (La Plata) es hombre del sindicato UATRE; Alejandro Semmartin (Dock Sud) responde al exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; Agustín Negro (San Nicolás) es alfil del intendente Passaglia que cuida rigurosamente las empresas familiares, mientras que Eliseo Almada, al frente de la terminal de San Pedro, es gremialista de UATRE, sindicato de peones rurales y estibadores, y hombre del intendente Cecilio Salazar, del partido FE. Por su parte, en Coronel Rosales, el presidente Guillermo Burgos reporta al intendente local, Mariano Uset (Cambiemos). Queda pendiente el sucesor de Arturo Rojas (Quequén), también cercano a UATRE y actual intendente de Necochea, y designar reemplazo del polémico titular de Mar del Plata, Martín Merlini.

Facundo Monticelli. La opacidad de los consorcios y las denuncias por dragados sin control

El Secretario Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Facundo Monticelli, aseguró a La Tecla que “en los contactos que mantuvimos con las nuevas autoridades mostraron buena predisposición para darle un nuevo rumbo a la política portuaria”.

En cuanto a los controvertidos Consorcios de gestión, uno de los caballitos de batalla del gremio, el sindicalista dijo que “nosotros venimos hace rato discutiendo el tema de los consorcios y de la nula participación del Estado en esta figura de gestión. Lo que nos han asegurado los nuevos funcionarios es que tienen la decisión de poner en agenda el tema portuario, discutir una Ley de Puertos y mirar con detenimiento cada una de estas figuras que se crearon para ver qué le dan y qué no le dan a la Provincia”. Monticelli añadió que pretenden conocer detalladamente “donde van los fondos de esos puertos, quién recauda, cuáles son las obras, cómo es el movimiento de la mercadería, y ese es el compromiso que obtuvimos de los nuevos funcionarios”.

Con respecto a los dragados, el dirigente portuario recordó que “los hemos denunciado porque el gobierno de Vidal les sacó todos los controles de parte del Estado. Esto pasó, por ejemplo, en el puerto de Dock Sud, donde está Alejandro Semmartin. Ni tampoco permitieron que se vayan a hacer los controles batimétricos en el puerto de San Nicolás. Lo mismo señalamos nosotros que sucedió en Coronel Rosales. Eso es una realidad, y nosotros no nos quedamos sólo diciéndolo, sino que fuimos a la justicia, y ahora veremos qué hacen los jueces con las denuncias”.

Fuente: La Tecla