domingo 22 de noviembre de 2026 - Edición Nº2909

Política | 22 nov 2026

Saga y van III

¿Quién controla a los jueces cuando sus decisiones terminan siendo cuestionadas?

16:23 |¿Qué sucede cuando una jueza interviene en causas cuya jurisdicción o competencia está cuestionada? ¿Quién controla esa actuación y quién se hace responsable de las consecuencias?


la justicia no solamente debe resolver los conflictos. También debe hacerlo respetando las reglas que determinan qué juez está habilitado para intervenir.

Y hay una distinción jurídica fundamental para evitar que la publicación sea cuestionada: una sentencia dictada por un juez incompetente no se convierte automáticamente, en todos los casos, en una sentencia inexistente o nula de pleno derecho. La incompetencia debe plantearse y resolverse por las vías procesales correspondientes. Según el tipo de competencia afectada, el momento procesal y las actuaciones realizadas, puede corresponder la nulidad, la remisión a otro tribunal, la revisión de lo actuado o la demora del proceso.

De repente se presta a ciertas y sospechosas interpretaciones y preguntarse acaso, si existían objeciones sobre la competencia, ¿por qué se avanzó y qué consecuencias concretas tuvo esa intervención?

¿Quién controla a quienes deben impartir justicia? Dos causas, una jueza y preguntas que San Nicolás no puede dejar de hacerse

Las actuaciones judiciales vinculadas a Moviport y Atanor vuelven a poner bajo la lupa el desempeño de la jueza Luciana Díaz Bancalari. Una resolución de la Cámara acaba de anular su decisión en el caso Moviport y ordenó que otro magistrado intervenga. En Atanor, sus decisiones también generaron controversias por el alcance de las medidas adoptadas. ¿Dónde termina el criterio de un juez y dónde comienza la obligación de respetar los límites de su competencia?

En San Nicolás hay decisiones judiciales que no pueden quedar reducidas a una disputa entre abogados, empresas, organismos municipales o intereses particulares. “Cuando una resolución afecta la actividad económica, el ambiente, el funcionamiento de una empresa o las atribuciones de las instituciones, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se tomó esa decisión, con qué fundamentos y bajo qué reglas”.

El nombre de la jueza Luciana Díaz Bancalari aparece asociado a dos expedientes de fuerte repercusión local: Moviport y Atanor.

No se trata de equiparar ambas causas, porque sus objetos y procedimientos son diferentes. Se trata de analizar un interrogante institucional: ¿qué sucede cuando las decisiones de un magistrado son cuestionadas por sus fundamentos, por el procedimiento elegido o por el alcance de sus atribuciones? Pero, en ambos casos, no le correspondía a ésta jueza avanzar, entonces y sobre todo, ¿quién responde por las consecuencias cuando una resolución debe ser corregida por un tribunal superior?

MOVIPORT: la Cámara anuló el fallo y ordenó que intervenga otro juez

El caso más reciente aporta un dato concreto y especialmente relevante.

El 27 de octubre de 2026, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás anuló por unanimidad la resolución de Díaz Bancalari que había terminado absolviendo a Moviport S.A. de las sanciones municipales que incluían una multa de $70.005.474 y la clausura definitiva de siete depósitos.

Diario El Norte - San Nicolás

La magistrada había declarado nula la condena de la Justicia Municipal de Faltas, dictada el 17 de julio, por considerar que presentaba deficiencias en la descripción de los hechos, en la valoración de las defensas y en el tratamiento de la prueba.

Pero la Cámara encontró un problema en el paso siguiente: en lugar de disponer que se dictara un nuevo pronunciamiento, la jueza absolvió directamente a la empresa, argumentando que no había otro juez habilitado para resolver.

Los camaristas Guillermo Martínez y Eduardo Alomar cuestionaron esa decisión. Señalaron una contradicción entre los fundamentos y lo resuelto, observaron que no se había examinado el fondo de las infracciones y cuestionaron que no se hubieran considerado los mecanismos legales de sustitución previstos para estos casos.

La consecuencia fue concreta: la Cámara anuló la resolución y ordenó que otro juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento.

Diario El Norte - San Nicolás

 

Hay una precisión que no debe perderse: la Cámara no determinó que Moviport hubiera cometido las infracciones ni confirmó la sanción municipal. Lo que hizo fue dejar sin efecto la absolución y exigir una nueva revisión.

Pero el interrogante institucional permanece: ¿cómo puede una decisión judicial de semejante trascendencia terminar anulada por errores en el procedimiento?

¿Quién se hace cargo del tiempo transcurrido, de la incertidumbre y de las consecuencias que genera una resolución que no supera la revisión de la Cámara?

ATANOR: una causa ambiental y decisiones de enorme impacto

Si bien la causa Atanor presenta otro escenario, existe el riesgo procesal por su falta de competencia, a sabiendas?

La jueza intervino en una causa ambiental iniciada en 2015, promovida por organizaciones de protección ambiental contra la empresa. En marzo de 2023, desde el ámbito del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, se dictó una sentencia que ordenó medidas de control y estudios ambientales.

En marzo de 2024, Díaz Bancalari también dispuso cautelarmente el cese inmediato de actividades de la planta, hasta que los organismos competentes determinaran que estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar operando. La medida se adoptó dentro de aquella causa ambiental, aunque el episodio que había ocurrido en la planta el día anterior no era el hecho específico que había originado el expediente… algo muy conveniente, con todo el perjuicio que ello produjo para la empresa y para sus trabajadores. 

La dimensión de esa decisión fue indiscutible: una medida judicial sobre una planta industrial de importancia para la ciudad, con consecuencias potenciales sobre trabajadores, producción, actividad económica y protección ambiental.

Ahora bien, hay algo que corresponde analizar:   la jueza Diaz Bancalari es incompetente? Puso en riesgo los aspectos  procesales  y perjudicó a estas dos industrias?

Los alcances, hasta donde entendemos y la mismísima competencia judicial no son detalles administrativos, o si para el poder político y judicial de San Nicolás?

Existe como el conocimiento nos exige, un principio básico del Estado de Derecho: ningún juez puede decidir fuera de las facultades que la Constitución y las leyes le asignan.

La jurisdicción y la competencia determinan qué órgano judicial puede intervenir, sobre qué materia y dentro de qué territorio, entonces y otra vez la pregunta que ya se torna por lo menos incómoda, como ocurrió que en dos casos tan particulares, existe una controversia que pone en tela de juicio la competencia de la jueza.

Hasta acá, lo que no se puede aceptar que los errores procesales sean irrelevantes; porque una cosa es que un juez interprete la ley de una manera que luego sea revocada y otra muy distinta, es que omita procedimientos esenciales, desconozca límites de competencia o adopte decisiones sin la debida fundamentación.

Quizás, la pregunta que nos hacemos hasta acá y que nos parece la más importante  es ¿Quién paga el costo de una decisión equivocada?

Por cierto, una resolución judicial no es una opinión personal. "Tiene consecuencias concretas. Puede paralizar una actividad, afectar puestos de trabajo, comprometer inversiones, modificar situaciones jurídicas y generar perjuicios que después no siempre pueden repararse; estas “equivocaciones” pueden abrir en el imaginario colectivo las sospechas de que los magistrados ceden ante las presiones políticas, que son presa fácil del poder, como que pueden aceptar dádivas o sobornos, entre otros turbios hechos y sospechas".

 

 

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