Artrobone vuelve a quedar bajo la lupa: La investigación por ANDIS vuelve a poner a San Nicolás en el centro

Otra vez, una empresa local vuelva a aparecer en informes oficiales

La investigación judicial que intenta determinar qué ocurrió con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a tener una derivación directa hacia San Nicolás.

En nuevos informes incorporados al expediente federal, Artrobone Ortopedia S.A., empresa presidida por la nicoleña Evangelina Ileana García, aparece nuevamente entre las firmas proveedoras bajo análisis por operaciones realizadas durante la gestión anterior de la Agencia.

Esta vez, el universo relevado es considerablemente mayor: más de 500 expedientes administrativos y operaciones por más de $25.661 millones correspondientes a nueve proveedores. Los informes describen presuntos sobreprecios, pagos duplicados, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y posibles irregularidades en los mecanismos de comparación de ofertas.

No se trata, por lo tanto, de una referencia aislada ni de una denuncia periodística sin documentación. Los cuestionamientos surgen de auditorías oficiales que fueron remitidas a la Justicia Federal, dentro de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo nacional de discapacidad.

Otra vez aparece el nombre de San Nicolàs. El capítulo que involucra directamente a nuestra ciudad tiene como protagonistas a Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.

Según documentación societaria y los informes incorporados a la investigación, ambas compañías tienen domicilio legal en Belgrano 609, San Nicolás.

Artrobone está presidida por Evangelina Ileana García, mientras que Martim Gonçalo Armella figura como presidente de Imnova y, al mismo tiempo, como director suplente y socio de Artrobone. La documentación societaria identifica además a García como madre de Armella.

Ese entramado fue denominado en informes oficiales como el “Grupo Belgrano 609” y es uno de los aspectos que despertó la atención de los auditores.

La hipótesis que se analiza es si la existencia de empresas vinculadas familiar y societariamente pudo haber incidido en las compulsas de precios, generando una eventual “simulación de competencia”.

Es importante aclararlo: la vinculación societaria y familiar está documentada; la eventual utilización de esas relaciones para simular competencia constituye una hipótesis que debe ser determinada por la Justicia.

$3.042 millones en 153 expedientes. Los nuevos informes no borran los antecedentes que ya habían colocado a Artrobone e Imnova bajo la lupa. Un relevamiento anterior del Ministerio de Salud había identificado 153 expedientes relacionados con ambas compañías por más de $3.042 millones. Los técnicos analizaron entonces la existencia de una denominada “red de interconexión” entre los proveedores y la posibilidad de que empresas relacionadas participaran en procesos de contratación generando una apariencia de competencia.

El dato adquiere especial relevancia para San Nicolás porque no estamos hablando simplemente de una empresa que opera en otro punto del país: se trata de una sociedad cuya presidencia y domicilio legal aparecen registrados en nuestra ciudad.

El Boletín Oficial bonaerense confirma que Evangelina Ileana García fue designada presidenta de Artrobone para el período 2025-2027 y registra como domicilio societario Belgrano 609, San Nicolás de los Arroyos.

Una silla de ruedas y una diferencia, llamaron la atención. Pero el cuestionamiento a Artrobone no se limita a la relación con Imnova. Uno de los informes técnicos elaborados por organismos nacionales comparó facturas de proveedores de ANDIS con valores de referencia utilizados para productos similares. Entre los casos analizados aparece una factura de Artrobone fechada el 9 de octubre de 2025, correspondiente a una silla de ruedas destinada a un paciente de Córdoba. El importe consignado fue de $19 millones, mientras que el informe oficial estableció para ese producto un “precio de referencia nacional” de $1.279.999.

La empresa aparece, según ese relevamiento, con más de una decena de facturas por sillas de ruedas.

La diferencia entre los valores no es presentada por la auditoría como una simple variación comercial. Los técnicos calificaron determinados desvíos como “injustificables” y remitieron sus conclusiones a la Justicia.

El informe que amplió el mapa. Los últimos reportes incorporados a la investigación amplían considerablemente el universo. La auditoría analizó operaciones de nueve proveedores por más de $25.661 millones y detectó, además de diferencias de precios, casos de facturas abonadas en más de una oportunidad y deficiencias en los procedimientos administrativos.

En el conjunto de los expedientes examinados se registraron diferencias de precios que, según los informes, llegaron hasta 4.239% en determinados insumos y productos ortopédicos. Ese porcentaje corresponde al conjunto de proveedores analizados y no debe atribuirse a Artrobone en particular.

La investigación también intenta determinar cómo funcionaba el sistema de contratación y si determinados proveedores pudieron haber tenido ventajas indebidas en el acceso a información, adjudicaciones o mecanismos de comparación de precios.

Una causa que ya tiene nombres, documentos y preguntas. Como te contamos, el caso ANDIS dejó de ser solamente una discusión sobre números.

En el expediente aparecen empresarios, exfuncionarios, intermediarios, facturas, comunicaciones y documentación societaria que ahora deben ser analizados por la Justicia Federal.

Entre los proveedores mencionados en los informes figuran, además de Artrobone e Imnova, Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud, Ortopedia Bernat, Bymax Medical y Expo Trauma.

En ese contexto, la aparición reiterada de Artrobone Ortopedia adquiere una dimensión particular para San Nicolás.

Porque detrás de los millones investigados en Buenos Aires hay también una empresa radicada en nuestra ciudad, autoridades societarias nicoleñas y operaciones realizadas con fondos del Estado nacional destinados a prestaciones para personas con discapacidad.

La auditoría puede señalar inconsistencias, diferencias de precios y vínculos societarios, pero será la Justicia la que deberá determinar si esas circunstancias constituyeron simplemente relaciones comerciales y familiares legítimas o si, como sospechan los investigadores, formaron parte de un mecanismo destinado a alterar la competencia, direccionar contrataciones o generar perjuicios económicos al Estado.

Hasta que esas cuestiones sean resueltas, corresponde hablar de presuntas irregularidades y de hipótesis de investigación, no de responsabilidades penales acreditadas.

Lo que sí está documentado es que Artrobone vuelve a aparecer en los informes de la causa ANDIS y que, una vez más, el expediente nacional coloca a San Nicolás en el mapa de una investigación que mueve miles de millones de pesos y que todavía está lejos de haber terminado.