Las tierras en Ramallo vuelven a poner bajo la lupa el vínculo entre patrimonio, política y obra pública

La información comenzó a circular en las últimas horas y rápidamente abrió un interrogante que, por su importancia, merece algo más que una publicación en redes sociales.

 

¿La familia Passaglia está protagonizando una nueva expansión patrimonial en el partido de Ramallo?

 

Si efectivamente existen nuevas adquisiciones de campos y terrenos,  las respuestas no deberían surgir de especulaciones sino de los registros documentales y en eso basamos nuestras investigaciones y no vendemos humo como se lee en alguna prensa especulativa que busca pautas y favores.

 

Un antecedente que no es una versión en redes 

La cuestión patrimonial de la familia Passaglia no nació con esta nueva denuncia. En noviembre de 2022, la Fiscalía Federal de San Nicolás hizo pública parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucraba a distintos integrantes de la familia.

El dato adquiere especial relevancia para Ramallo: de acuerdo con aquella investigación fiscal, distintos miembros de la familia aparecían vinculados a importantes extensiones de tierras en el distrito. La Fiscalía consignó entonces 818 hectáreas atribuidas a Ismael Passaglia, 163 a Liliana Ana Gaibazzi, 129 a Ismael Santiago Passaglia, 232 a Manuel Passaglia y 90 a Delfina Passaglia. En conjunto, la documentación difundida por el Ministerio Público Fiscal daba cuenta de 1.432 hectáreas vinculadas a integrantes de la familia en Ramallo. La cifra es concreta y surge de una investigación oficial. No de una publicación anónima. La misma pesquisa consignó además otras propiedades en San Nicolás y Entre Ríos y fue la base de pedidos de indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

 

Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Que esos bienes hayan sido incorporados a una investigación judicial no significa que pueda afirmarse que fueron adquiridos ilegalmente.

De hecho, en mayo de 2023 el controvertido y sospechado juez federal Marcelo Bailaque dictó la falta de mérito para varios de los integrantes de la familia investigados. La decisión fue apelada por los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad, quienes cuestionaron la valoración de la prueba y solicitaron que la Cámara Federal revisara la resolución.

 

Ese antecedente obliga a hacer periodismo con precisión, y eso es lo que hacemos.

Hay una investigación patrimonial.

Hay bienes identificados.

Hay acusaciones fiscales.

Hubo embargos.

Hubo indagatorias.

Hubo una falta de mérito. Y hubo una apelación de los fiscales.

Lo que Diario la Verdad no hace, es transformar automàticamente una acusación en una condena, ni vendemos información falsa.

Entonces surge la nueva pregunta: ¿Qué pasó desde entonces?

¿Existen nuevas operaciones inmobiliarias?, ¿Se modificó sustancialmente el patrimonio inmobiliario de la familia Passaglia en Ramallo desde que la Justicia Federal hizo públicos aquellos datos?

El otro mapa: Las obras públicas, los otorgamientos directos sin licitación, las mismas empresas, los mismos apellidos 

Una propiedad rural o urbana puede incrementar considerablemente su valor cuando llega infraestructura pública, pero eso no significa que cada obra realizada cerca de un campo o terreno privado constituya un beneficio irregular para su propietario.

Los caminos rurales, el mantenimiento vial, el acceso a escuelas, el agua, las cloacas, la iluminación y el pavimento forman parte de las obligaciones normales de cualquier municipio. De hecho, la propia Municipalidad de Ramallo registra trabajos de mantenimiento y mejoras en distintas localidades y zonas rurales, incluyendo Pérez Millán y Villa General Savio. También existen antecedentes de obras de pavimentación y mejoras de accesos en Villa General Savio.

De ahí que la pregunta correcta sea otra: ¿Coincidieron determinadas decisiones de infraestructura con propiedades recientemente adquiridas por personas vinculadas política o económicamente al espacio que reclama esas obras?

Si la respuesta fuera afirmativa, todavía habría que determinar si existe una relación causal o si se trata simplemente de una coincidencia geográfica. Y esa diferencia es fundamental.

Giammaría y la agenda de Hechos 

Cecilia Giammaria ocupa actualmente una banca en el Concejo Deliberante de Ramallo y forma parte, entre otras, de la comisión de Obras y Servicios Públicos. Además, existen antecedentes públicos de su agenda política reclamando obras de infraestructura para diferentes sectores del partido. En 2023, por ejemplo, planteaba como prioridades el pavimento, las cloacas, el agua potable y los desagües pluviales, además de una planificación de infraestructura para acompañar el crecimiento de Ramallo.

En 2026 volvió a cuestionar públicamente el estado de accesos y caminos, entre ellos sectores de Pérez Millán, según declaraciones recogidas por medios locales, algo que no hizo cuando fue funcionaria de la familia Passaglia en San Nicolás; critica en Ramallo lo que no hizo en San Nicolás por los mismos hechos o circunstancias. La concejal, estaría vinculada sentimentalmente con uno de los dueños de una de las empresas estrellas de a gestión Passaglia, que quieren aterrizar en Ramallo, de su mano.

Uno podrìa otra vez preguntarse, como los lectores, y no está de mas:

¿En qué lugares se concentran los reclamos de infraestructura y quiénes son los propietarios de las tierras ubicadas en esas zonas?

Una pregunta que Ramallo tiene derecho a hacer. La discusión no debería plantearse como una pelea entre oficialismo y oposición. Tampoco como una acusación sin documentos. Cuando el Estado decide dónde invierte recursos públicos, los vecinos tienen derecho a conocer cuáles son los criterios utilizados para establecer prioridades. Y cuando dirigentes políticos o grupos empresarios poseen tierras en determinadas zonas, también es legítimo preguntarse acerca de las circunstancias en que fueron adquiridas esas tierras, por ejemplo. No porque tener tierras sea un delito. No porque reclamar una obra sea sospechoso. Sino y como ejemplo poder explicar el origen de los fondos con los se adquirieron esas tierras.  Y menos hablar por hablar de testaferros o prestanombres, que también deberían investigarse y dar explicaciones. 

Sino porque la transparencia exige que patrimonio, decisiones públicas y planificación territorial puedan ser observados por todos.

La información oficial disponible demuestra que la familia Passaglia ya había quedado vinculada, dentro de una investigación judicial, a una importante superficie de tierras en Ramallo. Ahora aparece una nueva versión sobre adquisiciones inmobiliarias. Nuestro desafío es comprobarla.

Y las respuestas, esta vez, deberán estar en los documentos y los jueces deberán fallar como corresponde, no cajoneando expedientes, fallando por cargos, y que hace que los argentinos no creamos en los que aplican la ley ni en la justicia, como se dice vagamente por ahí.