El Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe vuelve a quedar en el centro de la escena política y sanitaria de San Nicolás.
Pero esta vez la discusión no pasa solamente por las paredes deterioradas, los ascensores fuera de servicio, los problemas de calefacción o las dificultades que atraviesan diariamente trabajadores y pacientes. El conflicto tiene una dimensión mucho más profunda: qué hospital se quiere para San Nicolás, quién debe administrarlo y qué va a ocurrir con quienes trabajan allí sin estabilidad laboral.
ATE Regional Norte reunió en San Nicolás a representantes de distintas seccionales para reclamar el pase a planta de los becarios y expresar su rechazo al proyecto que pretende transferir el hospital a la Municipalidad. En el medio, queda expuesta otra discusión: qué pasó con el San Felipe en los últimos años y quién deberá hacerse cargo de recuperarlo. Inevitablemente se terminan cruzando los dos temas, el rechazo al proyecto que pretende que el Hospital San Felipe deje de estar bajo la órbita provincial y pase a depender del Municipio.
Estuvieron presentes, Marìa Eugenia Bravo, Secretaria General de ATE San Nicolás y Elena Aguirre, Secretaria adjunta de ATE provincia
La jornada reunió a representantes de las seccionales de Zárate, Pergamino, Ramallo, San Pedro, San Andrés de Giles-Carmen de Areco, Baradero y Provincia de Buenos Aires.
El hospital no es un trofeo político
La conferencia de ATE dejó planteado justamente ese otro lado de la discusión. Mientras los dirigentes políticos se enfrentan por quién debe administrar el San Felipe, los trabajadores reclaman algo mucho más elemental: estabilidad, derechos y condiciones dignas para trabajar. Y esa discusión debería ocupar un lugar central en cualquier debate sobre el futuro del hospital. Porque si finalmente la Legislatura avanza con la transferencia, habrá que responder qué ocurrirá con cada trabajador.
Parte de la conferencia de prensa en ATE San Nicolàs. Hablò Marìa Eugenia Bravo en principio, y luego continuó Eliana Aguirre que dio a conocer su postura sobre los dos temas importantes que motivaron ésta conferencia de prensa
https://www.youtube.com/video/pQ7KUI2ssgM
Y si la transferencia no prospera, también habrá que responder qué hará la Provincia para recuperar un hospital cuyo deterioro ya forma parte de la discusión pública.
Entre una alternativa y la otra queda una institución que no pertenece a ningún partido político. El San Felipe pertenece a la comunidad. Y quienes todos los días lo mantienen funcionando merecen saber qué hospital tendrán mañana y, sobre todo, bajo qué condiciones van a seguir trabajando.
Un hospital provincial que quedó atrapado en una disputa política
El San Felipe es un hospital provincial de referencia para San Nicolás y la región. Hasta ahora, su administración depende del Gobierno bonaerense.
Durante los últimos años, sin embargo, el establecimiento atravesó sucesivos cambios en su conducción. En agosto de 2024 asumieron tres nuevas directoras asociadas: Lorena Brucellaria, Lilen Iwanczyna y Javiera Kolberg, mientras Enrique Ledesma continuaba como director ejecutivo.
En febrero de 2025, Kolberg pasó a ocupar la Dirección Ejecutiva, en reemplazo de Ledesma. La formalización de ese cambio recién quedó plasmada meses después, mediante el Decreto 1826/2025, publicado en el Boletín Oficial bonaerense.
La conducción volvió a modificarse en mayo de 2026, cuando Lilen Iwanczyna presentó su renuncia como directora asociada, aunque continuó vinculada al hospital como profesional de terapia intensiva. En paralelo, comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos sobre el funcionamiento del establecimiento. En febrero de 2025, trabajadores del propio hospital habían manifestado públicamente su malestar por el cambio de conducción y denunciado situaciones de maltrato y dificultades relacionadas con insumos y funcionamiento interno. Se trató de testimonios publicados por medios locales y atribuidos a trabajadores del establecimiento.
La paradoja de los trabajadores: sostener el hospital sin tener estabilidad
Mientras se discute quién debería administrar el San Felipe, existe una realidad que queda muchas veces escondida detrás de la pelea política: hay trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del hospital bajo modalidades precarias.
Son becarios que cumplen funciones concretas, atienden pacientes, forman parte de los equipos y sostienen servicios, pero cuya situación laboral no se equipara con la de un trabajador provincial de planta. El reclamo de ATE apunta justamente a terminar con esa situación.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá con esos trabajadores si el hospital cambia de jurisdicción?
Porque municipalizar el hospital no es simplemente cambiar el cartel de la puerta. Significa modificar la estructura administrativa, el régimen laboral, el financiamiento y la relación de los trabajadores con el Estado. Y allí aparece uno de los principales interrogantes que debería responder cualquier proyecto de transferencia: ¿qué pasará con el personal provincial y, especialmente, con quienes hoy reclaman estabilidad?
Del deterioro a la propuesta de municipalización fue la discusiòn que abrió el juego durante agosto: El intendente Santiago Passaglia recorrió el San Felipe y difundió imágenes de distintos sectores del establecimiento. Mostró paredes deterioradas, puertas rotas, ascensores fuera de funcionamiento, problemas de calefacción, baños en malas condiciones y falencias en elementos vinculados con la seguridad contra incendios.
El intendente volvió entonces a plantear que, si la Provincia no puede hacerse cargo del hospital, el Municipio está dispuesto a asumir esa responsabilidad. El planteo derivó en un fuerte cruce público con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Pero la discusión no terminó en las redes sociales.
El 25 de agosto ingresó en el Senado bonaerense un proyecto del bloque HECHOS para transferir al Municipio de San Nicolás la administración, gestión y funcionamiento integral del Hospital San Felipe. La iniciativa fue presentada por los senadores María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón Brown.
El proyecto contempla que el hospital mantenga su carácter público y su función regional, pero que el Municipio asuma la responsabilidad integral de su financiamiento y gestión. El traspaso, además, debería atravesar las instancias legislativas correspondientes y requeriría la aceptación municipal mediante ordenanza y un convenio con la Provincia.
Como todas nuestras notas, surge la pregunta incómoda, la que el buen periodismo se hace frente a la cuestión que merece ser investigada.
¿El deterioro del San Felipe es solamente el resultado de una mala administración provincial o existe una estrategia política que terminó generando las condiciones para instalar como inevitable la municipalización?
La respuesta no puede darse solamente desde las redes sociales. Pero la secuencia merece ser observada. Primero llegaron los cambios de autoridades. Después aparecieron denuncias y cuestionamientos sobre el funcionamiento. El deterioro edilicio comenzó a ocupar cada vez más espacio en la discusión pública. Y finalmente apareció una propuesta política para que el Municipio se haga cargo del hospital.
Para quienes rechazan la municipalización, el riesgo es que la discusión termine reducida a una fotografía de una pared rota, un ascensor que no funciona o una puerta deteriorada, sin discutir quién debe garantizar los recursos, los salarios, la infraestructura y la estabilidad de los trabajadores.
Para quienes impulsan el traspaso, en cambio, el argumento es exactamente el contrario: si la Provincia no puede garantizar un hospital en condiciones, el Municipio debería asumir la responsabilidad.
¿Quién gana y quién pierde?
La discusión, entonces, excede ampliamente una pelea entre Santiago Passaglia y Nicolás Kreplak. Está en juego un hospital público que atiende a los nicoleños y también a pacientes de toda la región.
Y hay otra cuestión que todavía no tiene una respuesta pública suficientemente clara: qué ocurrirá con los trabajadores provinciales si el hospital cambia de jurisdicción. ¿Serán transferidos? ¿Conservarán su antigüedad y derechos laborales? ¿Quién garantizará sus salarios? ¿Los becarios pasarán finalmente a planta? ¿El Municipio absorberá a todo el personal? ¿Con qué recursos? ¿Y quién financiará las prestaciones de un hospital que cumple una función regional y no exclusivamente municipal?
Son preguntas centrales que deberían formar parte del debate legislativo.
¿Se dejó caer al San Felipe para después levantarlo? Esta es quizás la hipótesis política más fuerte que queda flotando.
Desde determinados sectores se sostiene que el deterioro del hospital no sería simplemente consecuencia sólamente de la falta de recursos o de una gestión deficiente, sino parte de una secuencia que habría permitido llegar al escenario actual: mostrar un hospital provincial deteriorado, responsabilizar a la Provincia y presentar al Municipio como el único actor capaz de rescatarlo.
De confirmarse, no estaríamos solamente frente a una discusión administrativa. Estaríamos frente a una estrategia política de construcción de una necesidad.
Y si además la recuperación del hospital se produjera en coincidencia con un calendario electoral, la pregunta sería todavía más incómoda: ¿se estaría utilizando una necesidad sanitaria real de los vecinos para construir una ventaja política?
Pero hay algo que sí puede comprobarse: el hospital está deteriorado, los trabajadores reclaman estabilidad y existe un proyecto concreto para cambiar la jurisdicción del establecimiento.
Antes de decidir quién se queda con el hospital, la sociedad tiene derecho a saber por qué se llegó hasta acá.
Y, sobre todo, qué garantía existe de que el futuro del San Felipe no termine dependiendo de una disputa electoral sino de una verdadera política pública de salud.
Algo de historia: el reclamo por los becarios no es nuevo. Ya en marzo de 2024 ATE denunciaba diferencias salariales, problemas de encuadramiento, falta de ART en determinadas situaciones y reclamaba el pase a planta permanente.
Y en marzo de 2026, ATE volvió a denunciar problemas graves en el funcionamiento del San Felipe, incluyendo situaciones de violencia laboral y falta de condiciones adecuadas para atender determinados pacientes.