El escándalo de las 8.000 causas abre una pregunta inevitable en San Nicolás: ¿Qué pasa con los expedientes que incomodan al poder?

Hay noticias judiciales que exceden largamente el expediente que las origina. La Justicia Federal quedó bajo la lupa en Rosario. La aparición de miles de causas penales paralizadas durante años obligó a activar una auditoría. En San Nicolás, donde también existen expedientes que involucran a empresarios, funcionarios y dirigentes de peso, la pregunta ya no es sólo qué ocurrió en Rosario: es qué controles existen para garantizar que ninguna causa pueda quedar atrapada en un cajón.

La revelación de que en los juzgados federales de primera instancia de Rosario podrían existir alrededor de 8.000 causas penales que permanecieron durante años sin trámite efectivo encendió una alarma institucional que difícilmente pueda quedar encerrada en los límites de Rosario.

Según la información a la que tuvimos acceso, buena parte de esos expedientes habría permanecido sin movimiento y algunos fueron enviados a las fiscalías con demoras de cinco y hasta seis años. La situación fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, cuyos representantes rechazaron recibir determinados expedientes sin que antes se pudiera determinar qué había ocurrido durante esos años de demora.

La Cámara Federal de Rosario ya puso en marcha una auditoría sobre los juzgados federales N° 3 y N° 4 para determinar cómo fueron confeccionadas las estadísticas y cotejar los registros judiciales con los existentes en las fiscalías. El primer universo concreto bajo revisión alcanza a 1.180 causas, aunque el relevamiento preliminar podría llevar la cifra a varios miles más.

Y es precisamente ahí donde aparece una pregunta que San Nicolás no debería esquivar. ¿Què pasa con las causas de San Nicolás?

En medio de la información sobre Rosario aparece un dato que, lejos de cerrar la discusión, merece ser mirado con atención: el desfasaje detectado en Rosario existe. 

Diferencias sustanciales, si se respeta el rigor investigativo. Una cosa es que los números estadísticos de juzgados y fiscalías sean coincidentes y otra, mucho más importante, es saber si cada expediente tuvo el trámite que correspondía, si las denuncias fueron investigadas dentro de plazos razonables, si existieron períodos prolongados de inactividad y si alguna demora pudo haber afectado la posibilidad de investigar un delito.

La discusión no debería ser entonces si en San Nicolás existen "8.000 causas cajoneadas". La discusión es otra: ¿Quién controla que las causas federales sensibles de San Nicolás no queden paralizadas?

Todos sabemos que San Nicolás no es una isla. y estas son algunas de las preguntas que incomodan cuando los expedientes rozan al poder. 

En la Justicia Federal de esta jurisdicción han transitado y transitan expedientes vinculados con cuestiones económicas, empresariales, ambientales, aduaneras, tributarias y políticas que pueden involucrar a personas con enorme influencia local.

Algunas causas tienen además una característica particular: sus protagonistas no son desconocidos para la sociedad nicoleña.

Empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y personas vinculadas con estructuras de poder aparecen, en distintos momentos, alrededor de investigaciones que pueden tener consecuencias institucionales, económicas o políticas.

Por eso, cada vez que una investigación periodística pone bajo sospecha la posibilidad de que una causa penal pueda permanecer años sin movimiento, la pregunta adquiere una dimensión que excede la burocracia judicial.

Porque el paso del tiempo también es una decisión. Una prueba que no se obtiene a tiempo puede perderse. Un testigo puede desaparecer.

Una documentación puede dejar de existir. Una investigación tributaria puede acercarse a la prescripción. Y una causa que no avanza puede terminar produciendo exactamente el mismo efecto que una decisión de no investigar, aunque formalmente nadie haya firmado una resolución que diga eso.

Los datos y la lupa 

La situación de Rosario resulta todavía más delicada porque las causas bajo revisión pertenecen al período anterior a la implementación del sistema acusatorio federal, que comenzó a funcionar allí en mayo de 2024.

El cambio de sistema dejó inicialmente un universo estimado de unas 1.100 causas en transición. Sin embargo, posteriormente comenzaron a aparecer cientos de expedientes que no habían llegado a conocimiento de los fiscales. El relevamiento preliminar terminó ampliando la preocupación hasta unas 8.000 causas.

La Cámara Federal ahora deberá establecer qué ocurrió. No se trata de condenar antes de investigar, sin embargo lo que debería hacer cualquier sistema judicial cuando aparece una diferencia estadística de semejante magnitud, sería : auditar, comparar, individualizar responsabilidades y explicar.

Se trata de investigar para saber si hubo una falla administrativa, una negligencia, una deficiencia estructural o, eventualmente, conductas que merezcan otra consideración, como la dàdiva, expresada aquí como tantas otras posibilidades.

En San Nicolás, la transparencia debería empezar por los expedientes y causas más sensible. 

Por eso, quizás haya llegado el momento de hacer una pregunta pública, concreta y verificable: ¿Cuántas causas federales tramitan actualmente en San Nicolás? ¿Cuántas fueron iniciadas en los últimos cinco, seis o diez años? ¿Cuántas permanecieron sin movimientos durante períodos prolongados? ¿Cuántas fueron archivadas? ¿Cuántas prescribieron? ¿Cuántas involucran a funcionarios, exfuncionarios, empresarios o dirigentes políticos? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la denuncia y las primeras medidas de investigación?

Y, sobre todo:

¿Existe alguna auditoría independiente que permita comprobar que lo que figura en las estadísticas coincide efectivamente con lo que ocurrió dentro de cada expediente?

Son preguntas simples. Pero en una ciudad donde la política, los negocios y determinadas decisiones institucionales se cruzan permanentemente, las respuestas importan.

Porque la Justicia también se mide por aquello que nadie ve. El escándalo que ahora sacude a Rosario no demuestra que en San Nicolás haya ocurrido algo semejante, o que algunos expedientes hayan quedado por algún espacio del limbo y también sería irresponsable de nuestra parte afirmar tal cosa, sin pruebas.

Pero sí demuestra algo mucho más importante: un expediente puede existir formalmente y, al mismo tiempo, permanecer durante años sin una investigación efectiva.

Eso es precisamente lo que una auditoría debe determinar.

Por eso, el caso Rosario debería ser leído en San Nicolás no como una noticia lejana, sino como una oportunidad para fortalecer los controles.

Especialmente cuando existen causas cuyos protagonistas tienen nombre y apellido, poder económico, responsabilidades políticas o capacidad de influencia. Todos sabemos que cuando una causa involucra a una persona común, la demora puede ser una injusticia. Pero cuando una causa involucra al poder, la demora también puede convertirse en una sospecha.

Y esa sospecha sólo puede despejarse de una manera: abriendo los expedientes, revisando los movimientos, siguiendo los tiempos y dejando que los números hablen.

La Justicia Federal de San Nicolás no necesita que nadie la condene por lo que ocurrió en Rosario. Necesita algo mucho más sencillo:

Que nadie tenga que preguntarse algún día si aquí también hubo causas que alguien decidió dejar dormir. 

Si Rosario está siendo auditada por miles de causas que permanecieron sin movimiento, San Nicolás debería poder demostrar —con expedientes en la mano— que ninguna causa sensible quedó atrapada en la misma lógica.

Las claves del escándalo en Rosario

Años de demora: Los juzgados enviaron expedientes a los fiscales con hasta seis años de atraso desde la fecha de denuncia.

Rechazo de fiscales: El Ministerio Público Fiscal se negó a recibirlas sin auditoría para no avalar maniobras de impunidad.

Auditoría en marcha: La Cámara Federal emitirá una acordada para investigar la responsabilidad de las secretarías.

Prescripciones dudosas: Sospechas sobre causas por delitos tributarios a empresarios, causas que involucran a personas del poder acusadas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, jueces que hoy están en sus casas por denuncias y delitos comprobables y demoras como las que favorecieron a redes narco, personajes del poder político, empresarios, inmobiliarias y hasta escribanos.