¿Justicia y política? ¿o una puerta abierta al riesgo? La decisión de una jueza que dejó en libertad a un imputado por material de abuso sexual infantil

La jueza María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías N° 3, dispuso la libertad de Enrique Alberto Gamerro, de 71 años. La investigación continúa y ahora la Justicia deberá determinar qué había en los dispositivos secuestrados y, fundamentalmente, cuál era el destino del material.

Una decisión judicial volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia de Garantías en San Nicolás.

La jueza María Eugenia Maiztegui, ordenó la excarcelación de Enrique Alberto Gamerro, un abogado de 71 años que permanece imputado en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

La libertad no significa que la causa haya terminado ni que Gamerro haya sido sobreseído. Por el contrario: la investigación continúa mientras se realizan las pericias sobre los dispositivos secuestrados durante el allanamiento de su domicilio en barrio Somisa. Y allí aparece el principal interrogante.

La Justicia encontró material y ahora debe determinar qué había detrás… y nos preguntamos si la jueza será capaz

Durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, tres notebooks, ocho pendrives, memorias de cámara fotográfica y anotaciones vinculadas con páginas de pornografía infantil, según fue informado por medios locales.

Gamerro fue indagado por la UFI N° 15, especializada en este tipo de delitos, y decidió no declarar. Ahora serán las pericias digitales las que tendrán un papel central para determinar el alcance de la conducta investigada. Porque no es lo mismo la simple tenencia que la eventual distribución, divulgación, comercialización o producción de material de abuso sexual infantil.

La propia investigación contempla esa posibilidad: la calificación podría modificarse si del análisis de los dispositivos surgieran elementos que acrediten una conducta diferente y eventualmente más grave.

¿Por qué recuperó la libertad?

La respuesta está, en principio, en la calificación legal con la que avanza actualmente el expediente. La simple tenencia de este tipo de material tiene una escala penal que permite la excarcelación bajo determinadas condiciones. Por eso, la decisión de la jueza no implica necesariamente una valoración positiva sobre los hechos investigados ni el cierre de la causa.

Pero nuestra pregunta periodística permanece:

¿Qué debe ponderar la Justicia cuando todavía no terminó de analizar todo el material secuestrado?

Y, la respuesta no puede surgir de una indignación pública ni de una condena anticipada. Debe surgir de la propia investigación, de las pericias y de las reglas procesales. Sin embago, tampoco puede ignorarse la enorme gravedad social de lo que se investiga.

Una libertad que no cierra la causa. Gamerro recuperó su libertad, pero continúa imputado.

Los dispositivos secuestrados todavía están siendo examinados y ese análisis puede resultar determinante para establecer si se trató únicamente de una tenencia o si existió alguna otra conducta contemplada por el Código Penal.

En otras palabras: la historia judicial recién comienza. Y mientras los peritos trabajan sobre teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, la sociedad tiene derecho a conocer qué resolvió exactamente la Justicia, cuáles fueron los fundamentos de la excarcelación y qué medidas se adoptaron para garantizar que la investigación pueda continuar sin obstáculos.

El interrogante que queda abierto

La Justicia debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Eso es indiscutible. Pero también tiene una responsabilidad especial frente a investigaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil. De ahí que la pregunta no es solamente por qué Gamerro recuperó la libertad.

Sin embargo, la pregunta de fondo es:

¿Qué encontró exactamente la Justicia en ese domicilio y qué determinarán las pericias sobre los dispositivos secuestrados?

• Si la investigación demuestra que se trataba exclusivamente de una conducta alcanzada por la figura de tenencia simple, la Justicia deberá actuar conforme a la ley.
• Si, en cambio, las pericias encuentran elementos que permitan acreditar distribución, divulgación, producción u otra conducta penalmente más grave, la situación procesal deberá ser revisada.

Mientras tanto, hay una certeza: la excarcelación no terminó con la investigación. Y ahora la Justicia tiene la palabra. ¿la jueza tiene la palabra, o acaso ya tomó partido?