PAMI dio marcha atrás: los más de 1.500 afiliados volverán al Sanatorio UOM y queda bajo la lupa la decisión de Diego Hormazábal

La medida que había obligado a miles de jubilados a abandonar su institución de cabecera será revertida en etapas. El interrogante ahora es inevitable: ¿quién tomó la decisión, por qué se tomó y qué intereses había detrás de una derivación que perjudicó a los afiliados y destinó recursos a una institución cuestionada por sus prestaciones?

La decisión finalmente quedó sin efecto.

Los más de 1.500 afiliados de PAMI que habían sido trasladados compulsivamente desde el Sanatorio UOM hacia la Clínica San Nicolás volverán, en etapas, a contar nuevamente con cobertura en el Sanatorio UOM.

El dato no es menor. Tampoco lo es la pregunta que queda flotando después de semanas de reclamos, desconcierto y silencio oficial: ¿por qué se tomó aquella decisión en primer lugar?

Nuestro medio, ya había advertido el 11 de agosto que cientos de jubilados y pensionados comenzaron a denunciar que habían sido cambiados de institución sin haberlo solicitado y, en muchos casos, sin siquiera haber recibido una explicación.

Para una persona mayor, cambiar de un día para otro su institución de cabecera no es un trámite administrativo menor. Allí tiene sus médicos, sus antecedentes, sus estudios, sus prácticas, sus tratamientos y, fundamentalmente, el lugar al que sabe que debe acudir ante una emergencia o una internación.

Sin embargo, eso fue lo que ocurrió.

Una decisión que ahora PAMI parece reconocer de hecho que debía revertirse

Durante semanas, los afiliados quedaron atrapados en una situación inexplicable: algunos llegaban a la Clínica San Nicolás y no encontraban respuestas; otros eran derivados nuevamente; otros debían trasladarse de una institución a otra para realizar estudios o continuar tratamientos.

El perjuicio, en estos casos, no se mide solamente en kilómetros recorridos.

Se mide en tiempo perdido, angustia, tratamientos demorados y, especialmente, en el deterioro que puede provocar en una persona mayor quedar sin una referencia sanitaria clara.

Ahora PAMI decidió que el camino será el inverso: los afiliados regresarán progresivamente al Sanatorio UOM.

Y esa marcha atrás abre un interrogante todavía mayor.

Si la decisión original era correcta, ¿por qué ahora se la revierte?

Y si era equivocada, ¿quién asumirá la responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante todo este período?

Diego Hormazábal, en el centro de la escena

Desde el comienzo de los reclamos, distintos afiliados y fuentes consultadas señalaron a Diego Haroldo Hormazábal como el funcionario vinculado con la decisión.

Hormazábal llegó a la conducción de PAMI San Nicolás en agosto de 2024. La resolución oficial de entonces lo designó titular de la Agencia San Nicolás de la Unidad de Gestión Local XXXI-Junín. Y su llegada tampoco pasó inadvertida en términos políticos.

Medios locales señalaron públicamente su vínculo con José Luis Espert y lo presentaron como un hombre cercano al dirigente libertario.

En mayo de 2026, PAMI dispuso limitar sus funciones como titular de la Agencia San Nicolás y trasladarlo a la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria en la estructura central del organismo. La medida figura en el Boletín Oficial del Instituto.

Es decir: quien estuvo al frente de la estructura local de PAMI durante la polémica decisión ya no ocupa actualmente esa función.

Pero eso no responde la pregunta central.

¿Por qué Clínica San Nicolás?

El otro elemento que vuelve particularmente llamativa la historia es el destino elegido para los afiliados.

La Clínica San Nicolás arrastra desde hace años cuestionamientos vinculados con su funcionamiento, según los testimonios recogidos por este medio: dificultades en la prestación de servicios, falta de personal, problemas con equipamiento y situaciones que impactaron directamente sobre la atención.

Los propios afiliados fueron quienes pusieron esas dificultades sobre la mesa.

Por eso la pregunta resulta inevitable:

¿Qué evaluación realizó PAMI antes de trasladar a más de 1.500 personas mayores a esa institución?

¿Se realizó una auditoría sobre la capacidad real de atención?

¿Se verificó la disponibilidad de profesionales, camas, equipamiento, diagnóstico por imágenes, guardia e internación?

¿Se compararon las prestaciones que brindaba el Sanatorio UOM con las que podía garantizar la Clínica San Nicolás?

¿Quién autorizó la modificación?

¿Y cuánto dinero comenzó a recibir la institución receptora como consecuencia del traslado?

Son preguntas concretas. Y hasta ahora, las respuestas oficiales no aparecen.

El dinero que nadie explica

Hay otro aspecto que merece ser investigado.

Cada afiliado trasladado representa recursos que PAMI direcciona hacia el prestador correspondiente.

Por eso, cuando más de 1.500 afiliados cambian compulsivamente de institución, no solamente cambia una ficha administrativa, también cambia el destino de recursos públicos. De allí que la marcha atrás resulte todavía más significativa.

Si durante semanas miles de afiliados fueron derivados a una institución determinada y ahora regresarán al Sanatorio UOM, corresponde conocer cuánto dinero fue destinado durante ese período, bajo qué contrato, con qué prestaciones y bajo qué criterios de evaluación.

No se trata de una cuestión política menor. Se trata de fondos de la obra social de millones de jubilados argentinos.

La foto, de larga data, además del vínculo, fue en ocasiòn de la inauguración del local de la UCD en San Nicolàs, invitado Espert por Diego Hormazábal

El padrinazgo político y una pregunta incómoda

La historia adquiere además una dimensión política por la relación de Hormazábal con José Luis Espert.

Espert admitió públicamente haber recibido una transferencia de US$200.000 de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos y acusado de delitos vinculados con narcotráfico, fraude y lavado de dinero. El dirigente sostuvo que el dinero correspondió a servicios profesionales y negó que se tratara de financiamiento de campaña.

La Justicia argentina investigaba esa transferencia por presunto lavado de dinero y, en junio de 2026, la indagatoria de Espert fue postergada.

Es importante aclararlo: una investigación judicial no equivale a una condena, y las acusaciones contra Espert deben ser presentadas como tales.

Pero el dato político existe y forma parte de la trayectoria pública de Hormazábal.

Y justamente por eso, cuando una decisión administrativa de PAMI afecta a más de 1.500 jubilados y luego debe ser revertida, la sociedad tiene derecho a conocer cuáles fueron los criterios utilizados.

Los jubilados no pueden ser la variable de ajuste

La cuestión de fondo excede a Hormazábal, a Espert y a las internas políticas.

Hay una pregunta mucho más sencilla:

¿Quién pensó en los jubilados?

Porque mientras funcionarios y dirigentes discuten cargos, estructuras y poder, fueron los afiliados quienes tuvieron que recorrer consultorios, trasladar historias clínicas, buscar respuestas y resolver cómo continuar sus tratamientos.

Ahora volverán al Sanatorio UOM.

La decisión de regresar parece reconocer, al menos en los hechos, que el esquema anterior no funcionó.

Pero la reversión no borra lo ocurrido.

Quedan por conocer los responsables de la decisión, los informes que la fundamentaron, los contratos involucrados, los recursos transferidos y las razones por las cuales PAMI eligió inicialmente una institución que ahora deja de ser el destino de esos miles de afiliados.

Y queda, sobre todo, una pregunta que PAMI todavía debe responder: por qué se utilizó a más de 1.500 jubilados como piezas de una decisión que finalmente terminó siendo revertida.

Porque si la decisión fue correcta, alguien debería explicar por qué se la dejó sin efecto.

Y si fue incorrecta, alguien debería explicar por qué nadie escuchó antes a los jubilados.