La falacia del ambientalismo y el debate sobre el "Negocio" del Ambientalismo también conocido por nosotros como el lawfare ambiental

Por: AT Digital

En algunos medios existe una crítica al sector cuando el juego no lo es tanto. Sectores críticos señalan que algunas estructuras del ambientalismo corporativo o bufetes de abogados especializados convierten la litigiosidad en un modelo de recaudación, marketing o presión política ("lawfare ambiental").

En muchos casos y algunos en particular, se cuestiona la opacidad en el origen de fondos de ciertas ONG internacionales y el rédito económico indirecto que generan los litigios en términos de donaciones, subsidios estatales o consultorías privadas. Como contrapeso legítimo, existen defensores que argumentan que las acciones de clase son el único recurso efectivo frente al desequilibrio de poder entre comunidades vulnerables y corporaciones extractivas o estados negligentes.

 

El uso indebido del ambientalismo como herramienta de coacción y presión política o económica contra empresas se conoce como litigio abusivo o extorsión regulatoria, donde actores locales y legales manipulan demandas colectivas para obtener réditos económicos o sectoriales y esto se encuadra en un mecanismo claro de coacción. Y los ejemplos abundan, porque uno se pregunta acerca de las posiciones de éstos abogados extorsivos que responden en muchos casos a políticas locales, a los que no se los escucha sentar posiciones contra la venta del país o en caso de vulneración de la soberanía argentina en el tema tierras.  A estos abogados no se los escucha ni se los lee que se expidan sobre otras empresas que  contaminan el rìo Paraná y como ejemplo. 

Hasta aquí y como medidas de investigación nos llamaron la atención, la multiplicación de medidas cautelares, como el uso de pedidos judiciales para frenar operaciones productivas y presionar acuerdos extrajudiciales rápidos.

La captura de la voluntad vecinal que busca persuadir comunidades locales mediante relatos de riesgo para legitimar acciones de estudios jurídicos sin sustento técnico real.

También nos hicieron ruido, las presiones fiscales y la vigilia municipal ante ciertos casos: hallamos una combinación de tasas locales punitivas y clausuras preventivas paralelas a las causas judiciales.

Vimos que de ésta manera el impacto en el sector deviene en un deterioro de la previsibilidad para inversiones de largo plazo. Y del mismo modo, un daño reputacional constante y abusivo: Campañas mediáticas diseñadas para forzar capitulaciones empresariales antes de que un juez evalúe las pruebas científicas.

 

Los matices del poder.  Para esto nos involucrarnos en un paralelo que llamaremos, la dark politique, o el lado oscuro de la política y la justicia.

La dark politique (o el lado oscuro de la política) se refiere al uso de estrategias ocultas, manipulación informativa y guerras sucias para lograr poder o destruir al rival.

Una de las claves de la política oscura es el uso de lo que conocemos como guerra sucia: Uso de mentiras y ataques personales en secreto, como el uso de trolls y redes: Cuentas falsas para crear odio y miedo masivo, echar mano al poder oculto dado por la Influencia de grupos de dinero o élites sin dar la cara.

Apelar a las burbujas digitales: Los programas muestran solo lo que causa rabia para dividir a la gente. Y la tan mentada y no menos conocida, máquina de barro, que trata de ensuciar al contrario con rumores para que nadie crea en nada y por supuesto, los líderes extremos, conocidos como Ong, abogados, y/o apoyos municipales o firmas empresarias que se aprovechan del enojo de la sociedad para ganar atención.

El dark ambientalismo y el lado oscuro de las redes y la manipulación

¿Existe detrás de nuestras investigaciones una "dark politique" detrás de varios conflictos, llamados ambientalistas?

 

Más allá de las responsabilidades individuales que deberá determinar la Justicia, algunos casos, que hoy elegimos no nombrar, se vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿existen sectores del poder que utilizan las herramientas del Estado para favorecer a determinados intereses económicos y perjudicar a otros?

 

En distintos ámbitos empresariales, esa práctica suele describirse como una "dark politique": una forma de ejercer el poder desde las sombras, donde decisiones administrativas, inspecciones, sanciones o clausuras dejan de responder exclusivamente al interés público para transformarse, según quienes sostienen esa hipótesis, en instrumentos de presión o de competencia desleal y hasta medidas judiciales contra empresas que ya no juegan ésta guerra.

La historia demuestra que detrás de muchos conflictos judiciales, ambientales, económicos o políticos suelen coexistir intereses que exceden los argumentos públicos con los que se presentan. Empresas que compiten por un mercado, disputas de poder, decisiones administrativas, presiones sectoriales o estrategias políticas pueden entrelazarse de maneras complejas. Eso no significa que toda denuncia o actuación estatal responda a intereses ocultos, pero tampoco que esa posibilidad deba descartarse de antemano.

 

Hay varias obsesiones, quizás Atanor sea la más emblemática y hay quienes se cuelgan el éxito del cierre de una empresa perseguida casi al nacer. En el caso MoviPort, en San Nicolás, será la Justicia la que determine si la clausura respondió exclusivamente a razones administrativas o si existieron desviaciones de poder, arbitrariedades o responsabilidades que trasciendan a los funcionarios que participaron del operativo.

 

Lo que sí resulta indiscutible es que las resoluciones judiciales que ordenaron levantar las clausuras y cuestionaron la proporcionalidad de la medida incorporaron un elemento nuevo al debate público. A partir de allí, la discusión ya no gira solamente sobre una empresa clausurada, sino sobre los límites del ejercicio del poder estatal y las garantías que deben proteger a cualquier administrado frente a decisiones que afectan su actividad.

 

Las grandes controversias rara vez se explican por una sola causa. Detrás de expedientes, inspecciones, denuncias o conflictos institucionales suelen coexistir intereses diversos y, muchas veces, contrapuestos. Precisamente por eso la investigación judicial y el periodismo tienen una responsabilidad común: separar los hechos de las especulaciones y las pruebas de las sospechas, para que la verdad no quede sepultada entre versiones enfrentadas.

 

Selectividad ambiental: las preguntas que siguen sin respuesta

 

Cada vez que un caso ambiental ocupa la agenda pública aparecen los mismos nombres, los mismos expedientes y las mismas empresas. Y hoy la pregunta vuelve a instalarse con fuerza: ¿el control ambiental se ejerce con la misma intensidad sobre todos o existen prioridades que nadie explica?

 

La protección del ambiente exige controles rigurosos y sanciones cuando corresponde. Pero esa obligación también debe ejercerse con igualdad ante la ley. Si algunas empresas son objeto de inspecciones permanentes, clausuras y una intensa exposición pública, mientras otras que también generan preocupación ambiental parecen quedar al margen del mismo nivel de escrutinio, es razonable preguntarse si los criterios de actuación son uniformes.

 

No se trata de sostener que exista una conspiración ni de descalificar el trabajo de la Justicia o de las organizaciones ambientalistas. Se trata de reclamar transparencia. En un Estado de Derecho, los controles deben responder a parámetros objetivos y verificables, no a percepciones de selectividad.

 

Cuando los mismos expedientes concentran la atención una y otra vez, mientras otros conflictos de impacto similar reciben escasa visibilidad o una respuesta institucional menos intensa, el debate deja de ser exclusivamente ambiental. Pasa a ser un debate sobre la igualdad en la aplicación de la ley y sobre la confianza pública en las instituciones.

 

Las preguntas, entonces, son inevitables. ¿Se investiga con el mismo rigor a todos los actores? ¿Los organismos de control aplican idénticos estándares sin importar el peso económico o político de cada empresa? ¿Los recursos del Estado se distribuyen con criterios técnicos o existen prioridades que la ciudadanía desconoce?

 

La credibilidad de la política ambiental y de las decisiones judiciales no depende solo de sancionar cuando corresponde. También depende de demostrar que nadie recibe un trato privilegiado y que nadie es elegido como único destinatario del control mientras otros permanecen fuera del foco.

 

La mejor respuesta frente a estas preguntas no es el silencio. La mejor respuesta es la transparencia, la publicidad de los criterios de actuación y la aplicación uniforme de la ley. Solo así puede fortalecerse la confianza de la sociedad en que el interés público prevalece sobre cualquier otro interés.