Clausura bajo sospecha: denuncian una maniobra municipal y la Justicia ya desarmó los principales argumentos del operativo

Lo que comenzó como un procedimiento administrativo terminó convirtiéndose en un caso que podría tener consecuencias penales para funcionarios municipales de San Nicolás.

Una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal sostiene que la clausura de los depósitos de MoviPort S.A. no fue el resultado de una inspección técnica sino la ejecución de una decisión previamente tomada, respaldada por un operativo policial de gran magnitud y fundamentada, según los denunciantes, en hechos que nunca ocurrieron.

En el centro de la acusación aparecen la jueza de Faltas Marianela La Fratta, inspectores municipales y funcionarios del área de Asuntos Legales, quienes deberán ser investigados por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y una eventual adulteración de instrumentos públicos.

La acusación más grave: una clausura decidida antes de inspeccionar

La denuncia afirma que el operativo del 3 de julio no buscó verificar las condiciones del establecimiento.

Según la presentación, los inspectores llegaron con el acta de infracción ya confeccionada y con la decisión de clausurar tomada de antemano. Siempre según esa versión, ingresaron únicamente para notificar la medida y no realizaron una inspección efectiva del predio.

Si esa hipótesis se comprobara durante la investigación, significaría que la clausura preventiva fue ejecutada sin la verificación técnica que exige un procedimiento de esta naturaleza.

La prueba que podría cambiar toda la causa

Uno de los pilares sobre los que se apoyó la clausura fue que la empresa habría impedido el ingreso de los inspectores.

Sin embargo, la denuncia sostiene exactamente lo contrario.

Los denunciantes aseguran contar con filmaciones de cámaras de seguridad y una constatación notarial que demostrarían que los funcionarios ingresaron normalmente al establecimiento.

De confirmarse esa evidencia durante la investigación, uno de los fundamentos centrales utilizados por el Municipio para justificar la clausura quedaría seriamente comprometido.

Documentación presentada... pero ignorada

Otro de los puntos más delicados es el referido a la documentación exigida por el Municipio.

La presentación sostiene que todos los requerimientos fueron respondidos dentro de los plazos legales mediante los correos electrónicos oficiales y que la propia Municipalidad acusó recibo otorgando números de expediente y constancias de ingreso.

Pese a ello, la resolución de la jueza de Faltas sostuvo que existían incumplimientos administrativos y confirmó la clausura.

Precisamente esa decisión es ahora objeto de investigación.

La Justicia empezó a marcar diferencias

El avance de la causa tomó un giro importante cuando el Juzgado Correccional N.º 2 de San Nicolás ordenó levantar las clausuras preventivas.

La resolución fue contundente.

La magistrada consideró desproporcionado paralizar completamente la actividad de la empresa frente a la infracción invocada y señaló que, al menos de manera preliminar, no aparecía acreditado ningún riesgo para la seguridad, la salubridad o el ambiente que justificara semejante medida.

Días después, otra resolución judicial dejó sin efecto las limitaciones impuestas sobre la apelación y amplió la suspensión de las sanciones.

Aunque esas decisiones no determinan responsabilidades penales, representan un fuerte cuestionamiento judicial a la actuación administrativa que ahora deberá ser analizada por la Fiscalía.

Tachaduras, enmiendas y documentos bajo sospecha

Quizá el capítulo más explosivo de la denuncia sea el referido a la documentación administrativa.

Según la presentación penal, durante el trámite del expediente se habrían realizado tachaduras, correcciones y modificaciones destinadas a corregir irregularidades del procedimiento y otorgarle apariencia de legalidad.

Por ese motivo, además de los delitos vinculados al abuso de autoridad, la Fiscalía deberá analizar si existió una eventual adulteración de instrumentos públicos.

La gran incógnita: ¿quién dio la orden?

La denuncia también intenta correr el foco de los inspectores.

Según el escrito, durante todo el procedimiento los funcionarios afirmaban actuar "por orden superior", aunque nunca identificaron quién había dispuesto concretamente la clausura ni exhibieron una resolución previa que justificara semejante decisión.

Por eso, la presentación sostiene que la investigación no debería limitarse a quienes participaron del operativo sino avanzar sobre la eventual existencia de una decisión política o administrativa adoptada desde niveles superiores del gobierno municipal.

Un caso que ya excede a una empresa

La causa dejó de ser solamente un conflicto entre el Municipio y MoviPort.

Ahora la Justicia deberá determinar si existió un procedimiento legítimo o si, como sostiene la denuncia, se utilizó el poder del Estado para ejecutar una clausura arbitraria basada en antecedentes falsos o incorrectamente valorados.

La Fiscalía deberá analizar filmaciones, documentación oficial, actas notariales, testimonios y las resoluciones judiciales que ya cuestionaron la continuidad de la medida.

El expediente recién comienza.

Pero si las pruebas acompañan las acusaciones formuladas por los denunciantes, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales que haya enfrentado la administración municipal en los últimos años.