Dos varas para controlar: mientras el Municipio busca la clausura definitiva de Moviport, persisten interrogantes sobre la no clausura del galpón donde se almacenó el carbonato de sodio

Una clausura que convenientemente ocurre para tapar el silencio sobre la otra clausura que nunca existió: el galpon donde se acopiaron tantas toneladas de carbonato de sodio. De ahí que el intento de clausura definitiva de la planta de Moviport S.A. vuelve a instalar una pregunta incómoda en San Nicolás: ¿los controles administrativos se aplican con el mismo rigor para todos? o solo se trata de controles políticos, de viejas amenazas de muerte hacia Federico Chouhy y anteriores intenciones oscuras como fue otra clausura y el rompimiento de calles que impedían ingresar camiones a la planta de Moviport.  Mismo modus operandi, misma familia, ¿misma justicia?

La jueza del caso y otros, es cosa seria, por cierto, pero será motivo de otra nota que está en desarrollo. 

Mientras el Municipio sostiene que la empresa incurrió en incumplimientos que justificarían su clausura definitiva, el empresario y concejal de La Libertad Avanza, Federico Chouhy, denuncia una persecución política y asegura que la medida busca afectar no solo a su actividad económica sino también a su participación en la oposición local.

El conflicto ya llegó a la Justicia y mantiene en vilo la continuidad de cientos de puestos de trabajo.

Pero la discusión trasciende a una sola empresa. Porque, al mismo tiempo que se intensifican los controles sobre Moviport, persisten interrogantes sobre otros episodios vinculados al Puerto de San Nicolás que, hasta el momento, no tuvieron el mismo nivel de exposición pública. Hasta el día de hoy, en que desarrollamos ésta nota, en el galón de Terminales y Servicios, donde se acopió el carbonato de sodio cuya noticia escaló los medios locales y nacionales que hoy callan, no recibieron el mismo tratamiento: no se clausuró, a pesar de la gravedad de los hechos.

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Comenzamos a preguntarnos sobre el otro expediente  

Uno de esos casos involucra el acopio de carbonato de sodio descargado en instalaciones portuarias.

Según información conocida públicamente, la carga provenía de un buque que habría permanecido varios días fondeado antes de completar las operaciones y aparentemente sin controles que el Consorcio del puerto, debiera haber llevado a cabo.

Ese episodio abrió interrogantes acerca de los controles aplicados durante la descarga, el almacenamiento del material y las actuaciones de los organismos con competencia ambiental y portuaria.

Las preguntas que hoy siguen abiertas son:

• ¿Qué controles se realizaron sobre esa carga?
• ¿Qué respóndió la directora del Consorcio del puerto y que dijeron los organismos que  intervinieron, si así fue.
• ¿Hubo inspecciones posteriores?
• ¿Se labraron actas o infracciones?
• ¿Cuál fue el destino final del material almacenado?

De los silencios que cuestan caros. Hasta el momento, esas respuestas no han sido explicadas públicamente con el mismo nivel de detalle que en el caso Moviport. Ni por el municipio, ni por los jueces de Faltas o Convivencia municipal, ni por ningún organismo de contro, algo que despierta sospechas, al parecer sólo para nuestro medio.  El resto de los medios locales no le dieron continuidad al tema y los medios nacionales tampoco. 

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Dos casos, dos respuestas?

El contraste es el que alimenta la discusión política.

Por un lado, una empresa sometida a sucesivas clausuras y a un proceso judicial en marcha, y por el otro, un episodio portuario que también generó preocupación y sobre el cual distintos sectores reclaman mayores explicaciones.

La cuestión de fondo no es si una empresa debe ser controlada, debe serlo. 

La cuestión es si todos los actores económicos reciben el mismo estándar de fiscalización.

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El planteo de Chouhy 

En declaraciones al diario Buenos Aires/12, Chouhy sostuvo que la empresa tiene más de cuatro décadas de funcionamiento y que nunca había enfrentado una situación similar.

También afirmó que la primera clausura fue dejada sin efecto judicialmente y que, posteriormente, el Municipio volvió a disponer una nueva medida administrativa.

Según el empresario, detrás de esas decisiones existiría un intento de perjudicar su actividad económica tras su incorporación a la oposición política local.

El Municipio, por su parte, sostiene que la actuación responde a presuntos incumplimientos administrativos y ambientales.

Será la Justicia la que determine si las medidas adoptadas se ajustaron a derecho.

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El rol del puerto bajo la lupa 

Más allá del conflicto puntual con Moviport, especialistas consultados por este medio señalan que cualquier episodio relacionado con cargas potencialmente riesgosas exige controles técnicos, trazabilidad y transparencia institucional, que por cierto no existieron y parece no preocupar al gobierno provincial y sus direcciones.

Cuando esos controles no son explicados públicamente, aparecen dudas que afectan la confianza en las instituciones.

No se trata solamente de una discusión empresarial, se trata de la credibilidad del sistema de control.

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Las preguntas que siguen abiertas 

• ¿Qué criterio utiliza el Municipio para decidir una clausura definitira?
• ¿Existen estándares uniformes para todas las empresas?
• ¿Qué actuaciones se realizaron respecto del episodio del carbonato de sodio?
• ¿Qué informes elaboró el Consorcio de Gestión del Puerto?
• ¿Intervinieron organismos provinciales o nacionales?
• ¿Qué información puede hacerse pública para despejar dudas?

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El desafío de la transparencia 

En una ciudad con fuerte actividad industrial y portuaria, los controles no puede quedar sujeto a percepciones de desigualdad.

Cuando una empresa denuncia persecución política y, al mismo tiempo, existen cuestionamientos sobre la actuación de los organismos de control en otros casos relevantes, el interés público exige respuestas claras, documentación accesible y procedimientos transparentes.

La fortaleza de las instituciones no se mide únicamente por su capacidad para sancionar, sino también por demostrar que las reglas se aplican de manera uniforme, sin distinciones por actividad económica, posición política o influencia.

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