Política | 14 nov 2024
Lavado, narcotráfico y más
Allanaron al juez federal Bailaque y le secuestraron el celular
Fue mediante un operativo de Gendarmería ordenado por la Fiscalía Federal y la Procelac en el que requisaron su despacho. La medida alcanzaba a funcionarios de alto rango de la Afip, Aduana e Hidrovía. Esperemos que otras causas alcancen al juez sindicado como corrupto; algo que no es nada raro y que ya denunciamos oportunamente
Gendarmería lleva adelante los procedimientos solicitados por la PROCELAC, a cargo de Juan Agustín Argibay Molina, a raíz de una causa que tiene como centro a Marcelo Bailaque, el magistrado que también investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Gendarmería también como te anticipamos, secuestró el celular de Bailaque, por delitos tributarios, por irregularidades detectadas en expedientes narcos a su cargo. Además, los efectivos tenían la orden de incautar el teléfono de su secretario letrado, Gustavo Guazzaroni.
El procedimiento también se realizó en la sede de la AFIP rosarina, en la Dirección Regional Aduanera Hidrovía y un estudio jurídico, detallaron fuentes del caso.
El hecho, hasta hoy, es casi un hecho sin precedentes que amenazaba con extender sus esquirlas en distintos organismos del Estado: El procedimiento se dio mediante la requisa de su despacho, que es apenas una parte de una amplia investigación que llevó a varios allanamientos.
La determinación judicial se dio en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos, que además intenta determinar los motivos por los que Bailaque, que se desempeña en Rosario, no avanzó en la indagación de los vínculos entre el capo narco Esteban Alvarado y el contador Gabriel Mizzau.
“El objetivo es incautar dispositivos electrónicos para peritar”, ampliaron sobre el operativo.
De forma simultánea, el Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Lindor Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.
Sin embargo, en una causa paralela, aparecieron en escuchas y datos funcionarios de alto rango de la Aduana-Afip-Hidrovía y por eso los operativos se extendieron a las oficinas en esos organismos de C.V, R.C, P.A, y F.D.A.
"Es una causa penal-económica. En un Juzgado que habitualmente es cauteloso, empezó como Speedy González con allanamientos y medidas y de pronto dictó falta de mérito. Algo pasó", reflejó un funcionario con acceso a las causas.
Los procedimientos judiciales fueron solicitados por el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac) y la Unidad Rosario de la Fiscalía Federal -con intervención de Matías Scilabra y Federico Reynares Solari- y autorizados por un Tribunal local.
A media mañana, el impacto en la Justicia Federal comenzaba a sentirse, aunque las autoridades de la Cámara se excusaron en que cualquier decisión disciplinaria sólo es potestad del Consejo de la Magistratura.
Las camionetas de Gendarmería, enviadas con personal de Buenos Aires, permanecían en la puerta de Oroño al 900 de los Tribunales Federales; también se observaban agentes por el egreso trasero y estacionamiento por Alvear, en el macrocentro de Rosario.
La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.
Las demoras recurrentes del magistrado fueron puntos claves en el proceso. Más allá del caso, el juez que se defiende alegando ser un juez de garantías. fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma, junto con Logística Santino SRL., se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba el juez cuestionado.
Aguardamos atentamente que también se haga hincapié en las causas federales en las que el magistrado bendijo por falta de mérito a la familia Passaglia, procesada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a pesar de la inmumerable cantidad de pruebas que aportó el fiscal de la causa, Dr Matías Di Lello.
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