¿La Argentina atraviesa un golpe blando?

"Esta actitud de la oposición condena al inmovilismo al Congreso y hace que no funcionen las instituciones, con lo cual es un golpe blando". Las palabras son del abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, y hacen referencia al anuncio de Juntos por el Cambio de que no dará quórum en el Congreso hasta que se deje sin efecto el  pedido de juicio politico a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. 

 En declaraciones radiales, Recalde planteó que "hay una afectación del Estado de Derecho por lo cual tienen que funcionar las instituciones" pese a la "negativa obstinada" de la oposición. De esta forma, el abogado y referente peronista respondió al anuncio formulado por la Mesa Nacional Juntos por el Cambio (JxC), que anunció que no apoyaría ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso hasta que se deje sin efecto el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

"Es un paso formidable que esta discusión sobre la Corte se pueda dar en la cámara de Diputados porque va a exponer los cuestionamientos que existen sobre la cabeza del poder judicial. Vamos a llevarla a cabo guardando los principios democráticos, republicanos y el debido proceso. La rendición de cuentas también es un principio republicano", apuntó Recalde.

El legislador afirmó además que el tratamiento del juicio político a los integrantes de la Corte "también estará presente el tema de las vinculaciones que el poder económico tiene con un sector de la Justica", algo que para el abogado laboralista va más allá de "las ideologías".

Asimismo, Recalde consideró que el próximo 24 de marzo, cuando se realice la tradicional marcha por el día de la Memoria, Verdad y Justicia "el pueblo en las calles volverá a instalar el tema de lo que sucede en la actualidad con la Justicia como sucedió cuando hubo manifestaciones contra el 2x1", apuntó Recalde.

De esta forma se refirió en un fallo de la Corte, dictado en 2017, que buscó imponer un criterio de conmutación de penas para los condenados por delitos de lesa humanidad y que debió ser revisado tras las masivas movilizaciones populares que se llevaron a cabo en aquel entonces.