domingo 20 de junio de 2021 - Edición Nº928

Generales | 3 jun 2021

Seguridad

Transporte público: aceleran la instalación de cámaras

Cada colectivo que se incorpore al transporte público deberá tener cámaras de seguridad, por lo que esperan finalizar el plan de adecuación en un año y medio.


Luego de dos años del crimen del chofer Leandro Alcaraz, que derivó en la ley que estableció la obligación de que vehículos de transporte público cuenten con cámaras de seguridad, la subsecretaría de Transporte bonaerense firmó una nueva resolución para que en un plazo de 6 meses las empresas presenten el plan de adecuación que deberán concretar en un año como máximo.

El subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, firmó la resolución para instalar las cámaras de seguridad en colectivos del área metropolitana y del interior bonaerense con el apoyo del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández.

Mediante la Ley Nº 14.897, sancionada en el año 2018, se estableció la obligación para que todas las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal cuenten con dispositivos que graben en tiempo real. Con la nueva normativa, cada colectivo que se incorpore para prestar servicio en el ámbito de la Provincia deberá contar con equipo de cámaras.

A su vez, la Subsecretaría de Transporte estableció que dentro de los 180 días a partir de la publicación de la resolución reglamentaria, las empresas prestadoras de servicio deberán presentar un plan de adecuación a la Ley Nº 14.897 de todas las unidades que ya se encuentren en funcionamiento. El tiempo de ejecución del mismo será de 12 meses, mientras que los equipos instalados en el parque automotor tendrán que ser homologados de acuerdo a las características dispuestas por la cartera conducida por Sergio Berni.

Tanto el incumplimiento de la colocación de las cámaras de seguridad en las unidades, como el mal funcionamiento de las mismas, puede llevar a desafectar a la unidad del parque automotor autorizado para prestar servicios, como así también la inhabilitación temporaria o definitiva.

El crimen que detonó la medida

El domingo 15 de abril de 2018, Leandro Alcaraz, chofer de la línea 620 que conecta la avenida General Paz y Ruta 3 con la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, frenó para que suba el joven Cristhian López Brizuela, quien al parecer no tenía crédito en su tarjeta SUBE por lo que decidió entrar sin pagar el boleto. El chofer lo inquirió, pero Brizuela se mandó al fondo del colectivo, amenzando al chofer: “Ya vas a ver lo que te va a pasar en el final del recorrido”.

Al llegar a la última parada, y luego de que todos los pasajeros bajaran, un adolescente apareció por la puerta delantera y le disparó dos veces a Leandro, terminando con su vida. En abril de este año, Brizuela fue condenado a cadena perpetua por haber preparado el escenario y convocar al victimario directo del crimen.

Este atroz crimen contra el colectivero derivó en un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y una posterior reunión con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, quien accedió a otorgar créditos a las empresas de transporte público para la instalación de cámaras de seguridad.

Sin embargo, hasta el día de se encuentra lejos de completarse la tarea, por lo cual desde el actual gobierno bonaerense decidieron apurar la medida con una nueva resolución que obligue a concretarla en el periodo de un año, luego de la presentación del plan de adecuación.

En qué estado se encuentra el parque automotor

Del total del parque automotor de la Provincia de Buenos Aires se renueva anualmente el 10% de las unidades, lo que implicaría que por año 2 mil colectivos comenzarían a prestar servicio con los equipos instalados. Las cámaras están conectadas a un centro de monitoreo operado por personal del 911, que ante situación de emergencia dan aviso al personal más próximo para asistir al chofer y los usuarios.

Representantes de cada uno de los organismos acordaron implementar una mesa de trabajo con el objetivo de implementar acciones articuladas para beneficio y cuidado de las y los bonaerenses.

Durante el encuentro, además de Supply, Berni y Fernández, estuvieron presentes el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Pablo Fernández; y el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte, Rodrigo Lynch.

 

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