Detectan graves irregularidades en la fiscalización de ATANOR

El pasado viernes 5 de abril se realizó una inspección en la planta industrial de Atanor con motivo del siniestro del reactor químico que causó graves lesiones a un trabajador y contaminó con cianuro los barrios linderos a la planta industrial. La inspección fue ordenada por el Fiscal titular de la UFI 14, Dr. Patricio Mugica Díaz, quién puso a cargo de la ejecución a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosa, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.  

A la diligencia también concurrió el Ingeniero Iván Colangelo como Fiscalizador enviado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires con sede en la ciudad de San Nicolás, a raíz de la confirmación de que dicho funcionario provincial intervenía en las evaluaciones ambientales en la planta Atanor los vecinos de los barrios aledaños y las Asociaciones Civiles dedicadas al cuidado del ambiente decidieron formular una denuncia ante el Ministerio de Ambiente para que inicie un sumario administrativo contra el mencionado funcionario provincial por “negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la función pública” entre otras probables irregularidades, en atención a que el mencionado funcionario además de su rol público también es empleado contratado por una empresa privada que opera en el Puerto de San Nicolás.

En el Edificio de la Administración Portuaria es donde se encuentra la Oficina Pública del Ingeniero Iván Colangelo que se desempeña como Fiscalizador público y a su vez como asesor privado de una empresa que opera en el Puerto San Nicolás y en otros puertos de la región.

La relación con la causa Atanor.

Como es sabido luego de la explosión del reactor de atrazina la contaminación generada alcanzó un amplio sector de la ciudad, uno de los predios severamente impactados es propiedad de una empresa para la cual el funcionario público presta “servicios privados”, en la inspección del pasado viernes 5 de abril el Ingeniero Iván Colangelo manifestó que la contaminación tan solo alcanzó unos 200 o 300 metros, nada más, y que el material tóxico fue “contenido”, exhibiendo una notable discordancia con lo que reflejaban los medios de comunicación y la voz de los vecinos.

Las afirmaciones del funcionario público encendieron la alarma de preocupación dado que son notoriamente contrarias a la realidad percibida por cientos de vecinos y que se reflejó en las numerosas imágenes que circulan en las redes sociales y demuestran la presencia de polvo de cianurillo en las calles aledañas, viviendas de los barrios cercanos, en techos, patios, automóviles y reflejan la agresión en la salud de las personas que habitan los barrios linderos.

La incompatibilidad del funcionario público para intervenir en la fiscalización de lo sucedido surge de que uno de los predios que se encuentra frente a la planta Atanor es propiedad de una conocida empresa portuaria  vinculada a la familia Passagliala; la misma empresa a la que el Ingeniero Iván Colangelo presta labores privadas como “asesor ambiental”, esta empresa tiene gran interés en que esa zona sea industrial, dado que allí pretende ampliar sus instalaciones portuarias.

El predio de "la Empresa" se encuentra calle de por medio al reactor de Atanor, es el predio que pocas horas después de la explosión mostraba la vegetación seca con claros signos de contaminación, impacto que alcanzó incluso las viviendas de los barrios cercanos y también a la Escuela 17 a pocas cuadras de ese lugar, ese establecimiento educativo 72 horas después del siniestro tuvo que ser evacuado porque los alumnos y docentes se descompensaron por respirar en el ambiente contaminado.

El funcionario público en sus actuaciones no refleja el real alcance de la contaminación y no cumple con la obligación legal de realizar controles en un radio de 500 metros del sitio contaminado, quizás todo ello obedezca a que su empleador privado tiene un interés directo en ampliar la zona industrial en esos terrenos y de comprobarse la agresión ambiental que generan las industrias radicadas en esa zona frustraría sus proyectos de ampliación.

Es sabido que desde hace años los vecinos y las asociaciones civiles reclaman por la relocalización de la industria Atanor y el cese de las ampliaciones industriales en la zona aledaña al puerto, la defectuosa actuación del Ministerio de Ambiente intenta ser un obstáculo para la relocalización de la empresa que los vecinos solicitan.

La denuncia formulada contra el funcionario del Ministerio de Ambiente se basa en una serie de documentos presentados en diferentes trámites administrativos en la Provincia de Santa Fe donde la misma empresa del puerto de San Nicolás también desarrolla actividades.  Los documentos llevan la firma de puño y letra del Ing. Colangelo presentándose como “asesor ambiental” privado de la empresa a la que también debe controlar en su actividad como funcionario público.