Horacio Rosatti, advirtió que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, o de algunos o la totalidad de sus artículos.

En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil, Rosatti se refirió a la posibilidad de que la instrumentación final de la reforma se trabe en los tribunales y termine definiéndose en la Corte, como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases.

Según explicó Rosatti, el sistema judicial argentino habilita a que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de la norma, lo que implica que la discusión sobre la legalidad del proyecto, no termine en el Congreso y se defina en los tribunales.

“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Los controles de constitucionalidad pueden ser concentrado o difuso. Concentrado es cuando se concentra en un solo Tribunal. Difuso es cuando cualquier juez lo puede hacer. Aquí se optó por un control de constitucionalidad difuso que escala hacia el vértice del último control que realiza la Corte”, sostuvo Rosatti.

En esta línea, amplió: “Es inevitable el control difuso, porque nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, remarcó el juez que preside la Corte Suprema.

De acuerdo con el portal LPO, respecto a la posibilidad de que el Congreso incluya algún vericueto legal para que la reforma no se empantane en los tribunales como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases, Rosatti se mostró más bien escéptico. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional? Y a partir de esa última palabra ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”, argumentó.

Por otra parte, en un tramo saliente de la entrevista, Rosatti dejó en claro que el Poder Ejecutivo nacional, utiliza a su conveniencia, este control difuso que cuestiona en casos como el de la reforma laboral. “El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?”, ironizó el ministro de la Corte.

Las declaraciones de Rosatti, siempre de un alto voltaje político, se dan en un contexto en el que los propios redactores y defensores de la Reforma Laboral, admiten que no apunta a crear empleos, como lo sostiene el oficialismo ultraderechista de La Libertad Avanza.

Por ejemplo, la semana pasada, el abogado laboralista Julián de Diego, uno de los asesores del gobierno de Milei para la redacción del borrador de la reforma laboral, admitió que el proyecto del que fue partícipe, no será un aporte a la generación de trabajo registrado.

“No creo que modificando la legislación laboral habrá creación de puestos de trabajo registrado”, dijo De Diego en declaraciones a Radio Con Vos. Ante la repregunta de la periodista Noelia Barral Grigera sobre las razones por las que, entonces, cree que es necesario un cambio en la legislación, el asesor de Milei dijo sin ruborizarse: “Hoy lo que necesita la legislación es una bocanada de aire fresco que tenga que ver con las nuevas tecnologías”.

El abogado defendió los cambios en materia de indemnizaciones –que según el proyecto serán pagados con fondos de la ANSES y de las AUH– y la reducción de aportes patronales – que va a desfinanciar las cajas previsionales–, pero sostuvo que la creación de empleo depende del crecimiento económico y no de un cambio en la normativa laboral. “Si no hay una etapa de crecimiento económico sustentable, no hay inversiones ni generación de empleo”, dijo el abogado, que supo liderar uno de los estudios laboralistas del lado empresario, más importantes.

Cabe aclarar que De Diego no es un abogado laboralista más: participó activamente de la redacción de la reforma laboral, en la que también trabajó el estudio Funes de Rioja del ex titular de la UIA.