El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
En el mismo sentido, especialistas en políticas públicas remarcaron que el traspaso a Salud no garantiza transparencia ni mejora en la gestión. “Cuando hay escándalos de corrupción, la respuesta no puede ser borrar el organismo. Eso es admitir el fracaso del control del propio Gobierno”, afirmaron.
El relato oficial insiste en la “reorganización del Estado” y en la lucha contra los supuestos “curros”. Pero puertas adentro, incluso aliados del oficialismo reconocen que el cierre de la ANDIS llega en el peor momento, justo cuando las denuncias por coimas comenzaban a incomodar a la Casa Rosada y a escalar en la agenda mediática.
Así, mientras el Gobierno predica transparencia y ajuste, la eliminación de la ANDIS aparece más como una cortina de humo que como una solución real. Las preguntas siguen abiertas: ¿quiénes cobraron coimas?, ¿quiénes miraron para otro lado?, ¿por qué nadie da explicaciones? Por ahora, la respuesta oficial no es investigar: es cerrar.
El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunciado por el Gobierno nacional lejos está de ser una decisión administrativa o de eficiencia del Estado. Para amplios sectores políticos, sociales y de la propia comunidad vinculada a la discapacidad, la medida tiene un objetivo claro: bajar el telón del escándalo por las presuntas coimas y correr el foco del debate público.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que las funciones de la ANDIS pasarán al Ministerio de Salud. Sin embargo, el anuncio llegó sin detalles concretos, sin explicar cómo se garantizará la continuidad de las políticas públicas y, sobre todo, sin dar respuestas sobre las denuncias que sacudieron a la agencia en los últimos meses.
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