Siderar y la decisión que perjudica a toda la comunidad de Ramallo

Las grandes corporaciones como las del Grupo Techint, encabezado por su principal accionista o CEO, Ing. Paolo Rocca, suelen ampararse en su peso económico y, sobre todo, en su gran influencia política para presionar y condicionar a los gobiernos locales. En este caso, la decisión de la empresa Siderar de reducir su aporte al Municipio se produce en un contexto de crisis económica nacional, pero el impacto recae directamente sobre los vecinos y vecinas de Ramallo, que dependen de esos fondos para el funcionamiento cotidiano del Estado local.

Cabe recordar que, en los meses más duros de la pandemia, donde Ramallo no fue la excepción, la empresa Siderar aprovechó la crisis sanitaria para lograr una reducción en la tasa de Seguridad e Higiene con la Municipalidad de Ramallo. Bajo el pretexto de una “colaboración solidaria” y en el supuesto “compromiso social”, la empresa entregó un tomógrafo usado que duró poco más de un año y algunos elementos al Hospital J.M Gomendio, mientras mantenía su producción activa ganando muchísimos millones de dólares, la actividad de la empresa fue considerada cómo esencial por el Gobierno Nacional, y fue uno de los principales focos de contagio.

Lo que se presentó como un gesto humanitario fue, en realidad, una maniobra oportunista: en medio del colapso sanitario, donde la empresa consiguió beneficios económicos a costa de la emergencia pública y, lo que es peor, el gobierno local en ese momento se terminó desfinanciando.

El conflicto surge a partir de la decisión unilateral del ingeniero Martín Berardi, gerente de Siderar, con intenciones de reducir el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, un tributo municipal de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que desarrollan actividades dentro del partido. El recorte solicitado no era menor. La firma sabe que está en falta, porque de hecho ya hizo lo mismo en el año 2016, donde en esa ocasión la Justicia le dio la razón al Municipio de Ramallo. Por eso ahora decidió depositar parcialmente solo el 40% mensual al Municipio y retener el 60% restante en una cuenta judicial. Esta es una medida interpretada como una maniobra de presión hacia el Municipio.

El cumplimiento parcial de las obligaciones golpea directamente las finanzas del Estado local y pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de servicios esenciales: mantenimiento urbano, obras públicas, seguridad, educación y salud, incluyendo también el pago de sueldos municipales, aumentos salariales y el funcionamiento del Hospital José María Gomendio, pilar del sistema sanitario ramallense.

El Municipio de Ramallo se presentó ante la Justicia para solicitar que determine si una empresa puede decidir unilateralmente cómo cumplir con una obligación tributaria que sostiene servicios esenciales para toda la población. La expectativa ahora recae en la Parsimoniosa Justicia, que deberá pronunciarse sobre un conflicto que, más allá de los números económicos, expone un debate profundo sobre la responsabilidad social empresaria y el verdadero compromiso con la comunidad.

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