jueves 11 de septiembre de 2025 - Edición Nº2472

Política | 10 sep 2025

Puerto en apuros

Escándalo institucional: nuevas pruebas judiciales comprometen a la directora del puerto de San Nicolás en hechos de corrupción y violencia de poder

el término "violencia institucional" se refiere a actos u omisiones por parte de un funcionario público o de una institución estatal que vulneran los derechos fundamentales de las personas, afectando su integridad física, psíquica, dignidad o propiedad, y generando revictimización. La violencia institucional se considera una violación de derechos humanos y puede ser denunciada como un delito que involucra el abuso de poder.


Nuestra investigación avanza sin tregua.  No quisimos adelantarnos en la presentación de pruebas en la justicia y su difusión pública, dado que no teníamos intereses que pusieran dar lugar a sospechas de que nuestra intención era entorpecer la campaña electoral que llevaba como candidata a la directora del puerto de San Nicolás.

Y fuimos por más, debido a que el fiscal, en una nota radial a partir de nuestra denuncia, expresó que se excusaba de dar más explicaciones, debido a que se trataba de un hecho de violencia institucional de una funcionaria pública y fuimos a buscar de qué se trataba el tema y como se manifiesta la violencia institucional.  Esto puede deberse a actos u omisiones que entre otros detalles, incluye no brindar atención oportuna o negar el acceso a políticas públicas y/o en el mismo sentido aplicar un trato indigno. 

La investigación periodística que derivó en una denuncia judicial da un giro explosivo: se amplió la presentación de pruebas con documentación inédita y registros que muestran movimientos sospechosos en un predio privado perteneciente a la provincia de Buenos Aires, jurisdicción del puerto de San Nicolás, durante la noche por personas que no todas son empleados del puerto. El caso desnuda la fragilidad de los controles y la posible connivencia de un funcionario público con prácticas ilegales.

La causa por corrupción y violencia institucional que ya había sacudido los cimientos de la administración local suma ahora un capítulo decisivo. Nosotros que fuimos quiénes impulsamos la denuncia original, acercamos al juzgado nuevas pruebas documentales y registros gráficos que exponen el ingreso irregular de personas a un espacio que, pese a ser privado, carecía de custodia adecuada que días más tardes comenzaron a modificar.  Los puertos deben ser rigurosamente controlados, y ya  lo explicamos en notas anteriores.

La investigación señala que no se trata de episodios aislados, sino de una maniobra sistemática que involucra el uso indebido de recursos públicos y el encubrimiento desde las propias estructuras del Estado.

“Lo que revela esta prueba es que existe un patrón de impunidad alarmante. La ciudadanía no puede naturalizar que un funcionario utilice el poder institucional para violentar derechos y manipular recursos a espaldas de todos”, nos señalan fuentes cercanas a la investigación.

La presentación judicial incorpora documentación fehaciente y firmada, registros de horarios de ingreso y material que comprometen directamente a la figura del funcionario denunciado. La gravedad del caso radica no sólo en el presunto delito de corrupción, sino en la violencia institucional ejercida desde el poder, lo que agrava la situación al comprometer la confianza pública en quienes deberían garantizar seguridad y transparencia.

En la nueva prueba incriminatoria, se deja constancia que cuatro personas ingresaron de noche al puerto, específicamente a la zona del elevador de granos y del galpón que nosotros marcamos y probamos como el lugar donde tenían la mercadería abandonada y vencida, más otros elementos, en cantidades enormes que no fueron entregadas a las familias más necesitadas, más una ambulancia deteriorándose se la que no hay registros de su ingreso y lo mismo de la mercadería allí abandonada.  ¿Cómo ingresan estos elementos al puerto?. 

Estas personas claramente ingresaron de noche a limíar y barrer, algo que constantaron las autoridades judiciales.  Esa limpieza fue realizada la noche anterior a que nos citaran para presentar las pruebas que obraban en nuestro poder. La noche anterior ingresó al puerto el Señor Hernán Vazquez que se encontró que el "portero" se había retirado un instante y que luego al otro día pidió su cabeza, salvando éste detalle sinrazón, despues de constartar él mismo la zona mencionada: elevador de granos, al galpón mencionado, y de noche, según nos informaron.  Uno puede asombrarse por la razón que llevó a una de las manos derechas de la directora del puerto a que visite una zona insegura, desierta, oscura y llena de mercaderia acumulada. A la noche siguiente, 6 de agosto, 23:35hs los cuatro hombres que ingresaron a limpiar el espacio y que por momentos se retiraron sin ser revisados sus autos,  volvieron a ingresar, casi media hora despues. Eso sí, los autos temerariamente, son considerados propiedad privada por la directora del Consorcio de Gestión y por consiguiente autos, camionetas y camiones no deben ser revisadas..  Por ésto también se solicitó a fiscalía, el libro de ingresos y las cámaras del puerto y zonas aledañas al ingreso al puerto. La forma en que se retiró Azzaro casi diurante media hora, levantó más sospechas.  Uno puede preguntarse qué se llevaron del galpón, no?

Organizaciones sociales y referentes comunitarios ya exigen que la justicia avance sin dilaciones. “No se trata de un caso más: es un síntoma de un sistema enfermo, donde el poder se usa como arma de sometimiento. La sociedad necesita respuestas y necesita garantías”, 

En este sentido te contamos que, el Sr David Azzaro trabaja en el hospital San Felipe y es la pareja de una de las directoras adjuntas del hospital, ambos pertenecientes a la organización politica La Cámpora que es el signo político con el que se referencia su directora, Cecilia Comerio. 

La pregunta que ahora retumba es si este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción y el abuso institucional, o si volverá a engrosar la lista de causas silenciadas en los pasillos del poder. y si nos acompañará la justicia, que hasta el momento, aunque lenta, parece estar en sintonía con la búsqueda de la verdad.

Por otro lado sospechamos que las autoridades del puerto fueron avisadas de nuestra citación a la fiscalía, porque resulta conveniente, pero por la que se expusieron al ir a la zona del galpón mencionado y probado en nuestra investigación, comfirmada no sólo por las autoridades juidiciales de la ciudad de San Nicolás, sino también miembros de prefectura que permanecieron por casi tres horas en el lugar, despues que se retiraron de fiscalía, y por bromatología municipal que comprobó que había productos vencidos. 

Gracias por creernos y por confiar.  Una vez más el periodismo de investigación que no se detiene, seguirá aportando pruebas que no se circunscribe a la presentación de ésta hoja de registro de ingresos y egresos al puerto por personal que no es del puerto como el sr David Azzaro, integrante del grupo. 

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