Será un fuerte mensaje del arco político al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque?

La movida tuvo el acompañamiento de todo el arco político. No hubo voces que se alzaran para defender al magistrado, votaran en contra o se abstuvieran.

La legisladora Lionella Cattalini se presentó ante la Justicia Federal de Rosario, donde Bailaque es uno de los dos jueces de instrucción penal de primera instancia, para que se investiguen los presuntos nexos con el narco que actualmente está detenido en el penal de Ezeiza y condenado a prisión perpetua, entre otros delitos, por ser el autor intelectual de un crimen.

La presidenta de la cámara baja, Clara García, valoró el apoyo de la Legislatura a Cattalini porque “cuenta con toda la representación política” y sienta “una clara posición para que la justicia trabaje de manera correcta y defienda a la gente”.

García destacó el seguimiento que Cattalini hacía del tema y la preocupación que le generaba la inacción que mostraba Bailaque para avanzar en causas por narcotráfico. La denunciante impulsa la destitución del juez.

Relaciones peligrosas de acá y de allá, más un contador y otro juez compartidos

Sobre Bailaque pesa la sospecha de haber demorado en 2013 las reiteradas solicitudes del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que pretendía avanzar en medidas probatorias de la actividad ilícita que realizaba Alvarado como líder de una organización narco.

En 2022 ingresó una denuncia al Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal rosarino. Pero la apertura del proceso disciplinario recién se hizo en 2024, tras dos años de estar dormido.

Semanas atrás Cattalini sumó la denuncia penal tras conocerse que Bailaque compartía contador con Alvarado y que, además, gestionó el ingreso del hijo de ese profesional en el tribunal federal.

En efecto, Gabriel Mizzau manejó balances de las empresas que Alvarado usaba para lavar el dinero de origen ilícito y era el contador personal del juez. 

Por ello, Cattalini pidió que se analice si Bailaque es parte de una red criminal y de corrupción vinculada con Alvarado.

“Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que, además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado”, alertó Cattalini al hacer la denuncia que ahora fue respaldada por la Cámara de Diputados y Diputadas.

Es un escándalo que nadie diga nada sobre el caso San Nicolás, que nuestro medio llevó a los medios nacionales, pero nadie dice nada.  No sabemos si es más importante el lavado de dinero, o las complicidades políticas que la familia Passaglia ostenta....ampliaremos

A su vez, la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, llevó estas revelaciones al Consejo de la Magistratura y pidió agregarlas a la investigación disciplinaria en proceso.

Interferencias en el Consejo de la Magistratura

Aunque se intentaron realizar allanamientos en las oficinas de Mizzau, las direcciones declaradas no correspondían con las que el profesional declaró. Para Cattalini, Bailaque pudo estar detrás de un alerta al contador para evitar que le encontraran material comprometedor.

En el caso del nombramiento del hijo de Mizzau, también es sugestivo que ingresara en el Tribunal Federal sin haber concursado. Lo hizo en 2017 y fue ascendido hace poco tiempo al Tribunal Federal Oral N°3 de Rosario.

Las sospechas, además, van en otras direcciones. Antes de presentar la denuncia en Rosario, la legisladora socialista ya había solicitado al Consejo de la Magistratura que informe los avances en la investigación disciplinaria, ya que la denuncia había ingresado hacía dos años y no se movía.

En ese punto, hay otra maniobra curiosa. Bailaque contrató a un abogado de Santa Cruz –lugar donde inició su carrera como magistrado– que tenía relación con una de las diputadas que forma parte de la Comisión de Acusación.

Se trata de la diputada nacional por el radicalismo Roxana Reyes, que al enterarse de la contratación del padre de su secretario para que defienda a Bailaque, se excusó y dejó el cargo que tenía en el cuerpo acusatorio.

Cattalini valoró el respaldo que recibió de parte de sus pares de la Cámara de Diputados y Diputadas porque “entendieron que un magistrado sospechado de corrupción no puede seguir ejerciendo como tal”.