Delitos de acción pública y el fraude fiscal

Los delitos de acción pública son aquellos que pueden ser perseguidos por la autoridad sin necesidad de que se ponga una denuncia. Basta con que una autoridad los conozca para que deba informar al Ministerio Público, o bien es suficiente que este los conozca para que inicie un procedimiento de investigación. Ejemplos: homicidios, robos, estafas, falsificación de documentos. En realidad, son delitos de acción pública todos los que no estén indicados en los artículos 18 y 19 del Código Procesal Penal vigente.

Algunos de los delitos que cometen los funcionarios públicos, son los siguientes:

• a) Cohecho (conocido comúnmente como soborno, mordida o propina) ...
• b) Peculado o malversación de recursos públicos. ...
• c) Tráfico de influencias. ...
• d) Abuso de autoridad. ...
• e) Enriquecimiento ilícito. ...
• f) Fraude fiscal. ...
• g) Lavado de dinero. ...
• h) Delincuencia organizada.

El funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

El fraude fiscal es la vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir mediante engaño el pago de un impuesto.

Y cuando se atenta contra la transparencia que la sociedad espera que detenten las personas que tienen injerencia en los recursos de la comunidad. En este sentido, es de esperar que la actuación y la toma de decisión de los sujetos que se encuentren a cargo de una específica función pública sea transparente, honesta e imparcial. En casos en que se afectan bienes sociales, la protección penal se extiende a la regularidad y eficiencia de la función en su significación más extensa.

Se puede concluir que el Estado tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.